En 2017, ante el inminente llenado de la represa de Hidroituango y el riesgo de que quedara sepultada la memoria del territorio, el Movimiento Ríos Vivos Antioquia propuso realizar unos recorridos de reconstrucción de la memoria en lugares emblemáticos del Norte y el bajo Cauca antioqueño, con el acompañamiento del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica). Hoy la recuperación de esos lugares, en homenaje a las víctimas, es prácticamente imposible.

Después de la emergencia ambiental y humanitaria que generó el crecimiento desenfrenado del río Cauca en abril pasado, se ordenó llenar el embalse de Hidroituango en el menor tiempo posible, por lo que muchos de esos lugares quedaron bajo el agua. La memoria está en grave peligro y los integrantes del Movimiento también. Tan solo este año dos de sus líderes han sido asesinados. Hay reclamos en muchos sentidos contra esta megaobra, pero quizá los más graves son las amenazas cotidianas a quienes se han opuesto al proyecto, y el hecho de que las víctimas de desaparición forzada que están en fosas comunes allí, vuelvan a desaparecer, esta vez sin ninguna esperanza de poder ser encontradas.

Para llegar al cañón del río Cauca, eje natural, económico y cultural que une a esta subregión antioqueña, hay que recorrer 170 kilómetro desde Medellín hacia el noroccidente de Antioquia. Por 30.000 pesos se compran cuatro horas de paisaje de montañas y selva en bus, como diría Gonzalo Arango. Aunque tiene una historia muy rica y recursos naturales privilegiados, esta parte del departamento ha sido visible por otros motivos: paramilitarismo, guerrillas, masacres, pobreza y, ahora, el peligro de un desastre natural de proporciones gigantescas causado por las fallas en Hidroituango, la que será una de las centrales hidroeléctricas más grandes de América Latina.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, el historial de violencia en esta región, entre 1996 y 2009, dejó 14 masacres y 1.029 personas desaparecidas en los 12 municipios que circundan el cañón del río Cauca.

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Si el río hablara…

Cuatro de los líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sido asesinados. Ellos son:

• Nelson Giraldo, el 17 de septiembre de 2013.
• Robinson Mazo, el 30 de noviembre de 2013.
• Hugo Albeiro George y su sobrino Domar Egidio Zapata, el 2 de mayo de 2018.
• Luis Alberto Montoya, el 8 de mayo de 2018.

Todo el movimiento está amenazado de muerte, repiten sus miembros. “Hace poco vi a un policía que, mientras hacía el gesto de un gatillo con la mano, decía: ‘A los que son de Ríos Vivos los van a... vea’”, cuenta una de las líderes, cuyo nombre reservamos por su seguridad. Muchos de sus integrantes coinciden en que los estigmatizan por pertenecer a esta organización y hablan de presiones para recibir indemnizaciones que, dicen ellos, no compensan las pérdidas reales. En un artículo publicado el pasado 12 de junio por El Espectador, las EPM (Empresas Públicas de Medellín), responsables del proyecto, manifiestan su rechazo y preocupación por la vulneración de derechos a las comunidades, lamentan lo ocurrido y afirman que le solicitaron a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, que investigara estos hechos y que proteja a la población.

Además de las amenazas, el principal reclamo de la comunidad es que varios lugares, donde se denunciaba la presencia de fosas comunes, ya están inundados. Y aseguran que en estas fosas no solo están los muertos del Noroccidente de Antioquia, sino también los de otras regiones que fueron arrastrados hasta allí por el río. Los líderes dicen que denunciaron esta situación ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, regional y nacional, pero no han recibido respuesta. Ante este reclamo, EPM ha dicho que son conscientes de “las problemáticas del conflicto armado presentes en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango” y que por esto, en 2013, hicieron un llamado a la Fiscalía para que “se diera celeridad a los procesos de investigación, búsqueda y exhumación de restos humanos” en la zona.

En abril pasado un grupo de 25 diputados del Parlamento Europeo le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que le pidieron suspender el proyecto mientras se recuperan los muertos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió a esa petición asegurando que “nueve de los eurodiputados que firman esta carta están relacionados con partidos de izquierda muy radical”. Una respuesta que contribuyó, aún más, a la estigmatización de los movimientos y líderes sociales de la región, quienes dicen sentir miedo de hacer sus denuncias públicas por la presencia de actores armados ilegales y porque los acusan de querer frenar el proyecto.

El 8 de mayo de 2018 la Fiscalía realizó en Medellín una audiencia pública con familiares de víctimas de desaparición. Allí, la entidad aseguró que investiga 502 casos de desaparición forzada ocurridos entre 2005 y 2017, de los cuales 495 están en indagación, tres en investigación y tres en juicio. Además señaló que desde 2014 ha exhumado en la región en donde actualmente está el proyecto de Hidroituango (doce municipios), 159 cuerpos. De estos, 85 ya fueron identificados y entregados a las familias. Se presume que quienes están enterrados allí pueden ser víctimas de los Frentes 18 y 36 de las FARC, del Bloque Mineros de las AUC y del Ejército.

Para la antropóloga forense del CNMH Helka Quevedo, el problema principal es el nudo y el corte en los canales de comunicación entre las instituciones, las organizaciones y las comunidades. Si hubiera un diálogo claro, que diera cuenta del estado del proceso de identificación de los cuerpos, y se investigaran las peticiones que han hecho familiares y líderes, podría conciliarse la situación y avanzar en la reparación simbólica y en la recuperación de los cuerpos.

A pesar de las respuestas de las diferentes instituciones, persiste la insatisfacción en la comunidad y el sentimiento de que no se hace lo suficiente y se oculta información. No solo la memoria existente está en riesgo, también la posibilidad de construir nuevas memorias y de sanar viejas heridas.