El 1 de agosto de 1982, seis días antes de que terminara el gobierno de Julio César Turbay Ayala, una explosión sacudió el cuartel de la Policía Nacional en Cali. Un carro bomba —uno de los primeros registros documentados del uso de esta táctica contra una instalación de seguridad del Estado en el suroccidente colombiano— convirtió esa fecha en un hecho del conflicto armado en la capital vallecaucana.
El hecho no fue un atentado aislado. La cronología del conflicto registra que en la misma jornada fue atacada una buseta que transportaba personal militar en otro punto de la ciudad, y que ese día se intentó también asesinar a Guillermo González Charry, procurador general de la nación. Los registros disponibles atribuyen estas acciones al M-19, el movimiento guerrillero urbano que desde mediados de los años setenta operaba con especial intensidad en Cali y otras ciudades del país.
Según el análisis del CIDOB (Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores), la respuesta estatal al conflicto armado en este período estuvo fuertemente influenciada por la doctrina contrainsurgente, y las presidencias de Turbay Ayala (1978-1982) y Betancur (1982-1986) corresponden a una etapa marcada por la violencia política, aunque con intentos de apertura democrática. Las organizaciones sociales precisan que el presidente Turbay promulgó el Estatuto de Seguridad, que limitó las libertades de expresión y movilización, impuso la ley marcial sobre civiles y derivó en violaciones a los derechos humanos, ante lo cual las guerrillas respondieron aumentando combates y reclutamiento.
Seis días después del atentado, el 7 de agosto de 1982, Belisario Betancur asumió la presidencia con una apuesta distinta: diálogo, amnistía y apertura política. En noviembre de ese año, el Congreso aprobó la Ley 35 de amnistía, que permitió la liberación de cientos de guerrilleros presos y abrió el camino a conversaciones de paz que el M-19 también integraría. El país quería salir de esa guerra. El atentado del 1 de agosto quedó sepultado bajo la urgencia del futuro.
Pero las víctimas de ese día —policías, transeúntes, personal militar— siguen sin nombre en los registros accesibles. El Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda el 1 de agosto de 1982 como una fecha que el conflicto armado grabó en Cali con sangre y explosivos, en un período en que la violencia no distinguía entre combatientes y civiles, entre instituciones del Estado y personas que simplemente estaban ahí. Comprender ese día exige resistirse a la simplificación: ni la guerrilla tenía razón en su táctica, ni el Estado era inocente en su contexto. Lo que queda, después de cuatro décadas, es la deuda con quienes sufrieron ese 1 de agosto y cuya memoria merece más que una línea en una cronología.