Con el propósito de escuchar a todas las víctimas del conflicto armado colombiano, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, recibió este a representantes de organizaciones de integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto armado junto a sus familias. Al encuentro asistieron Antonio José Ochoa, director jurídico de la Fundación para la Protección de los Derechos de las Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Funvides), y Olga Esperanza Rojas, lideresa de la misma fundación. También participaron Giovanna Ortega, directora general de la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas); el sargento mayor (r) Luis Orlando Arenas Ariza, fundador de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia e integrante de la Mesa Nacional de Víctimas; Janeth Teresa Delgado Marrugo, representante legal de la Asociación del Personal Civil No Uniformado Perteneciente a la Fuerza Pública, y el coronel (r) Wilson Díaz Ortiz.
El encuentro giró en torno a una preocupación común: la falta de reconocimiento de los militares y policías como víctimas del conflicto armado. El propio sargento mayor Arenas es un ejemplo de ello: aunque sufrió lesiones graves, nunca fue reconocido como víctima porque el informe administrativo registró los hechos como ocurridos en combate. Según explicaron los asistentes, este es el caso de muchos uniformados heridos por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, tatucos y cilindros bomba. Además, muchos de ellos son retirados del servicio tras una junta médico-laboral, con una pensión mínima, sin reconocimiento ni reparación como víctimas. «Nosotros, los militares y policías, también fuimos víctimas del conflicto, y muchas de esas víctimas hoy están en el olvido y en el silencio», dijo Arenas.
Las cifras oficiales dan cuenta de la magnitud del problema. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), más de 546 000 integrantes de la fuerza pública y sus familias han sido afectados por el conflicto armado. Los hechos más frecuentes son el desplazamiento forzado, el homicidio, las amenazas y la desaparición forzada; sin embargo, según la revista Cambio, solo 22 223 de estas víctimas, es decir cerca del 4 %, han recibido alguna medida de reparación integral. Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) señala que la mayoría de los hechos por los que estos integrantes ingresaron al registro ocurrieron antes o después de prestar el servicio, y que apenas una pequeña parte tuvo lugar en el ejercicio de sus funciones. En el caso de las minas antipersonal, la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma) reporta que, de las 12 673 víctimas registradas en el país desde 1990, el 59 % pertenece a la fuerza pública.
A esa falta de reconocimiento, mencionada por los asistentes, se ha sumado la estigmatización. Según el relato del sargento mayor, durante las negociaciones con las FARC-EP, él y otros compañeros tuvieron que ser evacuados en tanqueta porque los acusaban de ser asesinos y paramilitares. Precisamente, Giovanna Ortega insistió en que esta estigmatización surge de confundir a quienes comparecen ante la justicia transicional con quienes sufrieron los hechos. «No confundamos a un compareciente con una víctima», afirmó.
Pese a ello, las organizaciones han avanzado en la documentación de sus casos. Funvides, creada tras la desaparición forzada del sargento José Vicente Rojas, ha presentado nueve informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Antonio José Ochoa, en esos informes se documentan 450 000 casos de militares y policías víctimas en los que, afirmó, las FARC-EP infringieron el derecho internacional humanitario. Por su parte, MilVíctimas se encarga de brindar representación jurídica y atención psicosocial a 847 víctimas en el marco de los macrocasos 01 y 10 de la JEP, y ha logrado el reconocimiento de las víctimas de minas antipersonal. A este trabajo se suma la búsqueda de los integrantes de la fuerza pública desaparecidos y secuestrados, que lidera Olga Esperanza Rojas. De igual manera, se tiene en cuenta la solicitud de Janeth Teresa Delgado para reconocer al personal civil no uniformado que fue desaparecido, herido o asesinado en actos propios del servicio.
Frente a estos testimonios, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, indicó que los integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto armado hacen parte de las prioridades de la entidad para esta vigencia, junto con la niñez víctima y las comunidades étnicas y religiosas. «Aquí no hablamos de víctimas de primera, segunda y tercera: todas son víctimas», afirmó. En ese sentido, recordó que el CNMH restableció el micrositio dedicado a estas víctimas, el cual se actualizará con la información de las organizaciones, y que la entidad seguirá documentando sus casos a través de las efemérides y del videopódcast «Voces de la memoria».
