Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997

Informe del CNMH que hace parte de la colección de casos emblemáticos de la violencia

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La justicia a medio camino

El proceso de violencia política en el Alto Nordeste antioqueño fue acompañado por actuaciones parciales y limitadas de la justicia que no han permitido la satisfacción oportuna del derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

 

En el campo penal, para las masacres de 1988 y 1996 se profirieron sentencias condenatorias, mientras que la impunidad es un factor compartido en las masacres de 1983 y 1997. Cuando la justicia penal ordinaria falló contra los victimarios (1988 y 1996), los procesos penales se demoraron en proferir sus primeras sentencias: en el caso de 1988 las víctimas tuvieron que esperar casi 16 años, y en el caso de 1996 pasaron 11 años para que una parte de sus derechos les fuera satisfecha en algún grado. De otro lado, las actuaciones del campo disciplinario respecto a las faltas de los miembros de la Fuerza Pública en la masacre de 1988 no se ajustaron a la gravedad de los hechos, mientras que no hubo ningún fallo en relación con los hechos de 1983, 1996 y 1997. Así mismo, la justicia penal militar no profirió fallo alguno por la actuación de miembros de la Fuerza Pública (acción u omisión) en las cuatro masacres.

 

En conjunto, existen carencias en la investigación y en las decisiones judiciales que afectan el adecuado reconocimiento y restablecimiento de los derechos violados. Se requieren, entonces, de medidas adicionales de justicia y reparación en función de los daños causados.

   
Iniciativas silenciadas

En Segovia y Remedios, durante el periodo 1982–1997, fue recurrente la violencia contra la población civil, especialmente dirigida a la oposición política. En el caso de las grandes masacres, estas la ejercieron redes criminales que fueron articuladas por miembros activos de la Fuerza Pública que operaban en la región, en asociación con grupos paramilitares y civiles en calidad de promotores, facilitadores o sicarios. Como resultado de esta violencia crónica y de la recurrencia al terror en la región, se coartaron el ejercicio pleno de la ciudadanía, los procesos democráticos y el disenso en medio de la guerra. Se trata de la pérdida de la pluralidad política y la limitación del ejercicio de la democracia a través de la violencia, lo cual se manifiesta en:

 

  • La desintegración de procesos organizativos comunitarios y partidistas.
  • La imposibilidad del ejercicio de los derechos políticos democráticos para elegir o ser elegido a través del mecanismo electoral
  • La imposibilidad del ejercicio del derecho a la libre expresión con la proscripción de las manifestaciones públicas de protesta social

 

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Carátula del Informe Silenciar la Democracia - Las Masacres de Segovia y Remedios 1982 - 1997.

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