Informes por años

tomas guerrillerasLa base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013” (CNMH-IEPRI, 2016) registró:

  • Un total de 1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras municipales entre 1965 y 2013, de las cuales:
  • 609 fueron tomas de poblados.
  • 1.146 correspondieron a ataques a puestos de policía.
  • 1.106 fueron realizadas por las FARC (63 por ciento).
  • 323 fueron realizadas por el ELN (18,4 por ciento).
  • 88 fueron realizadas por el EPL (5 por ciento).
  • 48 fueron realizadas por el M-19 (2,7 por ciento).
  • Las FARC concentraron sus acciones en los departamentos de Cauca (244 acciones), Antioquia (113), Nariño (87), Cundinamarca (74), Huila (67) y Tolima (66).
  • Las incursiones del ELN se localizaron de forma preponderante en los departamentos de Antioquia (66 acciones), Norte de Santander (49), Santander (36) y Cesar (34).
  • Las incursiones del EPL se concentraron en Antioquia (43) y Córdoba (16).
  • El principal centro de operaciones del M-19, en lo concerniente a tomas y ataques, estuvo ubicado en los departamentos de Caquetá (11), Tolima y Valle del Cauca (cada uno con 6 incursiones), y Cauca (5).
  • La mitad de los municipios con un mayor número de incursiones guerrilleras pertenece al departamento del Cauca, siendo el municipio de Toribío el más golpeado con un registro de 32 acciones (8 tomas y 24 ataques). A Toribío le suceden: Caldono, con 30 acciones (9 tomas y 21 ataques); Argelia, con 25 (4 tomas y 21 ataques); y El Tambo, con 20 (8 tomas y 12 ataques).

Durante décadas las guerrillas libraron una guerra centrada en la lógica de acumulación territorial y en la idea mítica de llegar triunfantes a la capital del país. Esta estrategia, sin embargo, fue respondida con la retoma territorial del norte del país por parte de los paramilitares, y con la combinación del Plan Colombia y el Plan Patriota del Ejército. Estas acciones desmantelaron las retaguardias guerrilleras nacionales y disminuyeron los principales recursos para el sostenimiento de la guerra insurgente.

Así las cosas, cada frente guerrillero tuvo entonces la aspiración de controlar a la población circundante y de contribuir al desmoronamiento de la presencia estatal. Con este objetivo recurrieron a emboscadas, sabotajes, extracción de recursos en diversas formas (extorsión, secuestro y producción y comercialización de cultivos de coca), homicidios selectivos y ofertas de justicia guerrillera.

 

En el marco de dicha estrategia, las llamadas tomas y ataques de poblados tuvieron un lugar central en la tarea de desmoronar paulatinamente la presencia del Estado en los escenarios locales y regionales. No obstante, debido a las dinámicas de la guerra, estas tomas pasaron de ser propagandísticas en su origen a tener unos objetivos de acumulación territorial, es decir, ampliar las retaguardias de los frentes, mantener los corredores de comunicación y afianzarse en zonas estratégicas por sus recursos o por sus ventajas políticas y militares. Fue entonces cuando las tomas de pueblos y los ataques a estaciones de policía tuvieron un escalamiento que mostró que Colombia estaba viviendo un conflicto interno de importantes dimensiones.

Como era de esperarse, el reproche y la resistencia social, armada y pacífica, no se hicieron esperar y se presentaron más fuertes cuando las guerrillas empezaron a usar artefactos explosivos artesanales.

Y este clamor en contra de los estragos ocasionados por ese tipo de incursión, unido a la actividad paramilitar y a la reorganización de la fuerza pública, logró limitar la capacidad de movilidad de las guerrillas, lo cual hizo mucho más difícil que estas pudieran actuar a sus anchas y que volvieran a ejecutar el mismo tipo de incursiones que realizaban en décadas atrás. Prueba de ello es que desde los primeros años del presente siglo hubo una notable disminución de las incursiones guerrilleras sobre los cascos urbanos y de los ataques a los puestos de policía.

Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013), investigación realizada en convenio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, es el primer informe en asumir el tema de las tomas guerrilleras de manera sistemática y desde una perspectiva temporal amplia, que va desde sus primeras expresiones en los orígenes de las guerrillas hasta las que se presentan en la apertura de las conversaciones de paz entre las FARC y el actual gobierno. Esta mirada también incorpora el análisis de sus antecedentes en la violencia partidista y en algunos procesos insurgentes del ámbito latinoamericano.

Este informe, además, presenta varias novedades, entre las que se encuentran:

  • La identificación de las lógicas con que se ejecutaba este método de guerra por los diversos actores insurgentes. Lógicas que se articulaban a las estrategias de cada organización, a los diversos escenarios regionales y a la evolución del conflicto armado.
  • Distinguir, por un lado, que existieron dos tipos de incursiones guerrilleras a los cascos urbanos, y por el otro, identificar los escenarios preferidos para las mismas. Respecto de lo primero, el informe diferencia las tomas de pueblos de los ataques a estaciones de policía. Con ello se distancia de los esquemas heredados de las visiones del conflicto, las cuales consideran todo ingreso armado como toma guerrillera.
  • La cuantificación de la magnitud de los impactos de las incursiones armadas a las cabeceras municipales y centros poblados a través de la identificación de sus blancos, sus manifestaciones a lo largo de la geografía nacional y las diferentes dimensiones de la victimización. Gracias a ello se identificó que el blanco sistemático de los ataques lo constituyó la fuerza pública y los bienes públicos municipales. La población civil no fue el blanco principal de las incursiones guerrilleras, a diferencia de las tomas paramilitares que la tuvieron como objetivo central. Sin embargo, el que las incursiones guerrilleras no hayan tenido en la mira a personas civiles no quiere decir que estas no hubieran sido perjudicadas de muy diversas maneras.

arquitectura memoria reconciliacion

Arquitectura, Memoria y Reconciliación es la publicación que recopila las memorias del Concurso Público Internacional de Anteproyecto Arquitectónico para el diseño del Museo Nacional de la Memoria, proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica (Art. 148, Ley 1448 de 2011). El concurso, efectuado en 2015 junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos - Regional Bogotá, reunió a más de 700 profesionales de la arquitectura y del urbanismo para crear un museo que "servirá para dignificar a las víctimas, pero también para que todos aprendamos, recordemos y no olvidemos" (Juan Manuel Santos, Presentación Pública del Concurso). 

Este volumen, producido en español e inglés, también reúne reflexiones sobre el rol del Museo Nacional de la Memoria en "una nueva génesis, como sociedad y como nación que surge después de la guerra" (Gonzalo Sánchez) así como sobre la construcción social que "antecede y acompaña el ejercicio del diseño arquitectónico y la posterior construcción y funcionamiento del mismo" (Martha Bello). Especial mención tiene el ensayo escrito por Karen Franck, autora de "Memorials as spaces of engagement", que brinda una mirada sobre "el grupo creciente de instituciones museológicas de diferentes países dedicadas al reconocimiento y la documentación de graves violaciones a los derechos humanos".

El libro fue concebido como el primero de una futura colección sobre el Museo Nacional de la Memoria y evidencia la inmensa creatividad y el fuerte compromiso de aquellas personas que con lápiz, papel y cartón, soñaron con la posibilidad de un museo que reconocerá, entre otros, la agencia y la resistencia de las víctimas de diferentes regiones de Colombia.

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En el periodo posdesmovilización (2006-2015), 2.518 personas fueron asesinadas por parte de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 11,9 por ciento de todas las víctimas letales atribuidas a los grupos paramilitares en un período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 21.044 víctimas letales). 

En el período posdesmovilización se registraron 574.806 víctimas atribuidas a los GAPD en modalidades de no letalidad (secuestros, desapariciones, amenazas y desplazamiento). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 33 por ciento de t odas las víctimas no letales atribuidas a los grupos paramilitares en el largo período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 1.729.450 víctimas no letales). 

Entre 1975 y 2015

Se reconoce a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 47,09% de la victimización letal en el conflicto armado en Colombia. Se registraron víctimas de violencia letal en 731 municipios del país por parte de los grupos paramilitares y los GAPD.

Se registra a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 24,22% de la victimización no letal en el conflicto armado en Colombia.

La modalidad de violencia letal más utilizada por los paramilitares y los GAPD fueron los asesinatos selectivos. Entre 1975 y 2005 los asesinatos selectivos eran la modalidad más usada en el 56,7% de los casos; entre 2006 y 2015 esta cifra ascendió a 82,23%. En cambio, las masacres disminuyeron de 41,88% entre 1975 y 2005 a 14,57% entre 2006 y 2015.

El desplazamiento forzado es la modalidad de violencia no letal predominante por parte de los paramilitares en toda la serie estudiada. Se mantiene por encima del 90% antes y después de la desmovilización de 2006. Las amenazas, por su parte, aumentaron de 3,5% entre 1975 y 2005 a 6,9% entre 206 y 2015.

Tras cuatro años de negociación, el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua y poderosa —militarmente— de Colombia firmaron un acuerdo para poner fin al alzamiento armado protagonizado por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde los años sesenta. No cabe duda de la transcendencia de dicho acuerdo y lo que representa para avanzar en la profundización de la democracia, el fin definitivo de la estrecha y nociva relación entre armas y política que ha caracterizado nuestra vida pública, y la búsqueda de una sociedad más incluyente y equitativa. 

Sin embargo, son varios los retos que plantea la etapa posterior a la firma de los acuerdos, el posconflicto y la consolidación de una paz estable y duradera. Uno de estos retos son, sin duda, los grupos armados surgidos del proceso de negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados aún mantienen control sobre la población y el territorio en regiones específicas de la geografía nacional y se siguen financiando mediante su capacidad de inserción en antiguas y nuevas economías ilegales. 

No cabe duda de que el Gobierno y la sociedad se han ocupado del fenómeno de los GAPD. De un lado, el primero, con mayor o menor éxito operativo, los ha enfrentado en el terreno militar y represivo, y de otro lado, en la sociedad se ha mantenido la discusión sobre si se trata de organizaciones con fines político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. Empero, el reto de los GAPD rebasa el debate sobre su denominación, su tratamiento estrictamente jurídico y las estrategias exclusivamente militares con que hasta ahora se ha enfrentado. 

Ante este desafío, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) consideró pertinente elaborar un informe sobre las dinámicas territoriales, los impactos que en términos de hechos victimizantes se le han atribuido a estas organizaciones armadas ilegales y los retos que estas representan para la actual etapa de posconflicto en Colombia. 

Esta investigación es un aporte en la dirección de entender el fenómeno de los GAPD más allá del corto plazo e inscribirlo en un marco de tiempo de “mayor aliento”. Es decir, como una etapa más del fenómeno de los grupos armados que desde los años ochenta se sumaron a la confrontación entre la guerrilla y el Estado. 

En este sentido, los lectores encontrarán en este informe un análisis de los factores estructurales que explican la temprana emergencia de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), sus diversos desenlaces, muchas veces violentos, y especialmente las variaciones de las trayectorias regionales de este fenómeno que permiten entender esa tercera generación paramilitar más allá de la discusión sobre si se trata de organizaciones político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. 

Como bien evidencia esta investigación en varios de sus hallazgos, estos grupos han logrado adaptarse con éxito a la ofensiva estatal y se han logrado estabilizar en el territorio dando lugar a un contexto de inseguridad y violencia, si bien menos letal, mucho más orientado al desplazamiento y la amenaza. Por eso, en el último apartado, el informe ofrece algunas recomendaciones de política pública para atender el fenómeno de los GAPD y reconoce algunos aspectos básicos de lo que ha sido la respuesta institucional del Estado. 

El informe, no obstante, reconoce avances por parte del Estado en la caracterización del fenómeno y algunos ajustes institucionales que se han expresado en resultados operativos positivos. Sin embargo, insiste en que han sido insuficientes para desarticular estas organizaciones ilegales.

informeMinas

  • Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos.
  • Colombia es el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG).
  • Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.
  • Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 la DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal) registró un total de 11.481 víctimas de MAP y REG, de las cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles.
  • De las víctimas civiles, casi el 30% son niños, niñas y adolescentes y el 25% (la cuarta parte) son erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.
  • Entre 2002 y 2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra, es decir, durante el despliegue de la política de Seguridad Democrática y el desarme paramilitar.
  • Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo.
  • El 98% de los atentados suceden en zonas rurales.
  • Los grupos armados que más han utilizado Minas Antipersonal en la historia del conflicto han sido las guerrillas. La victimización causada por los Remanentes Explosivos de Guerra (granadas, morteros, balas, etc.) es una responsabilidad compartida por la Fuerza Pública, las guerrillas y otros grupos armados ilegales.
  • No toda Colombia está minada. En 25 municipios se concentra el 50% de la afectación.
  • El departamento de Antioquia registró en 2016 el 17% de las víctimas del país.
  • Vista Hermosa (Meta) es el municipio más afectado por Minas Antipersonal en Colombia.
  • Cada 4 de abril se celebra el denominado Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.


Es importante aclarar que el presente informe centra su análisis de manera particular en el uso de las Minas Antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque las Fuerzas Militares de Colombia emplearon Minas Antipersonal industriales hasta que en Colombia entró en vigor el Tratado de Ottawa el 1 de marzo de 2001, las 30 bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas a través de desminado humanitario de 2004 a 2010. 

El empleo de estos artefactos no es aleatorio sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente indiscriminados. Es por esto que el empleo de Minas Antipersonal en Colombia es un reflejo de las dimensiones de la degradación del conflicto armado. 

Los REG (que pueden ser granadas, morteros, balas, entre otros) quedan en los campos después de los combates o pueden ser abandonados en las zonas donde la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales han estado. A diferencia de las Minas Antipersonal, en el caso de los Remanentes Explosivos de Guerra no existe una intencionalidad de hacer daño. No obstante, sí existe un efecto indiscriminado que en particular ha afectado en el país a niños, niñas y adolescentes quienes manipulan estas municiones que llaman su atención. 

Sin embargo, pese al alto nivel de afectación que hay en Colombia y a la creciente sensibilización frente a las víctimas directas de MAP y REG, las dimensiones, características, efectos colaterales y las muy diversas expresiones del daño que ocasionan, continúan siendo ignorados. Inclusive, el hecho de que las víctimas de MAP y REG registradas representen un número muy pequeño comparado con otros hechos victimizantes, ha contribuido a cierto grado de invisibilidad de la magnitud de este problema en Colombia.

No obstante, en los últimos meses ha habido un avance importante en la materia. Como en ningún otro hecho victimizante, el desminado humanitario permite realmente garantizar la no repetición de los hechos y garantizar que no haya más víctimas de MAP y REG. Lo anterior tiene un peso importante en la construcción de paz y la reconciliación si el proceso es realizado por los directamente responsables, como es el caso de la corporación Humanicemos, creada por las FARC-EP para esta labor y que está en proceso de acreditación ante la autoridad nacional de desminado. Esta actividad, además, será contemplada como una de las sanciones en el marco de Jurisdicción Especial de Paz para los excombatientes de este grupo guerrillero. Instamos a que las actividades de desminado humanitario se acompañen de actos de reconocimiento de responsabilidad y de reparación simbólica que busquen la dignificación de la población afectada que muchas veces fue llamada “terca” o “desobediente” por ser víctima de las minas antipersonal.

Esta nueva investigación, realizada en convenio con la Fundación Prolongar, presenta las lógicas, dimensiones y magnitudes del problema de las Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia. Analiza no solo la afectación que estas armas ocasionan en la corporalidad de sus víctimas directas, sino que amplía el análisis hasta la forma en que se ven perturbadas las relaciones familiares y comunitarias, así como a las huellas que quedan en los territorios afectados por estos artefactos explosivos. El informe también es un acercamiento a las respuestas institucionales y a las acciones resistentes de víctimas y comunidades afectadas. Se busca así contribuir al reconocimiento, a la dignificación y a visibilizar las víctimas de estos artefactos explosivos. 

La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH. Es por eso que los miembros de la Fuerza Pública afectados por Minas Antipersonal son considerados como víctimas. Este es el primer informe con perspectiva de memoria histórica en Colombia que reúne simultáneamente las voces de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, en un momento de coyuntura histórica donde el fin del conflicto armado nacional parece vislumbrarse. 

El informe, además, se acompaña de una guía que rescata la metodología de reconstrucción de memoria empleada en los talleres llevados a cabo para la investigación. En ellos, el enfoque de discapacidad y el cuerpo como lugar esencial de memoria fueron centrales para su desarrollo. 

Algunos de los mensajes con los que los lectores se encontrarán a lo largo de este texto son: 

  • Se encontraron correlaciones positivas entre:
    • Combates y victimización por MAP y REG
    • Presencia de cultivos de uso ilícito y victimización por MAP y REG
    • Aumento de desplazamiento forzado y victimización por MAP y REG
    • Aumento de deserción escolar y victimización por MAP y REG
    • Reducción de área cultivada por municipio y victimización por MAP y REG
  • A pesar de que las MAP se instalan bajo una lógica bélica, su efecto es indiscriminado. Esta es la principal razón para que se encuentren prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. 
  • Las MAP y los REG transforman todas las dimensiones de la corporalidad (física, sensorial, emocional y afectiva) y causan daños morales, materiales y al proyecto de vida. 
  • Las MAP y los REG producen discapacidades que se agravan por factores sociales. Los sobrevivientes y sus familiares/cuidadoras se enfrentan cotidianamente a entornos discapacitantes y a barreras debidas a la actitud y al entorno. Todo lo anterior evita su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. 
  • Existen otras dimensiones de la afectación por MAP y REG, más allá de la directa y visible en los cuerpos: la sospecha de su presencia altera los sentidos de un territorio y la relación de sus habitantes con este. 
  • Hay 3 características de los atentados con MAP y REG:
    • Anonimato de quien los instala/quien los ha dejado.
    • Los activa la propia víctima
    • Tiempos diferentes (incluso décadas) entre la instalación y el atentado.
  • El informe encontró que lo anterior ha llevado a la autoinculpación de los sobrevivientes y sus familiares en gran parte de los casos. Por esta razón, la investigación hace una apuesta y no llama “accidente” si no “atentado” a este hecho victimizante. Creemos que la palabra “accidente” oculta la naturaleza del evento y no hace referencia al responsable.
  • Aunque el equipo de investigación encontró falencias en todos los componentes de la acción integral contra minas, como son el desminado humanitario y la educación en el riesgo de MAP y REG, sin lugar a dudas en la ruta de atención a víctimas es donde existen los mayores vacíos: 
  • La asociatividad y la cercanía con otras víctimas juegan un papel esencial en la recuperación. No obstante, es uno de los hechos victimizantes que menos asociaciones de víctimas tiene en el país. 

*Este informe contó con el apoyo financiero, logístico y de asistencia técnica de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Saldarriaga Concha. 

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Las cartillas Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz hacen parte del proyecto que da cumplimiento a la medida Cátedra de Paz del Plan de Reparación Colectiva de la ATCC (Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare). Este material pedagógico reconoce los impactos que el conflicto armado ha producido sobre esta asociación, el territorio y los habitantes del Carare y tiene como objetivo fortalecer y habilitar espacios para la formación integral y la convivencia pacífica de la comunidad educativa de esta región, sin olvidar los aprendizajes que en materia de construcción de paz tiene para ofrecernos la ATCC.

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