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“¿Cómo nos defendemos si la Ley de víctimas se acaba?”

Publicado 10 Jun 2019
Modificado por última vez en 10 Jun 2019
María Isabel García y Humberto Ariza, los dos representantes de las víctimas en el Consejo Directivo del CNMH. María Isabel García y Humberto Ariza, los dos representantes de las víctimas en el Consejo Directivo del CNMH. Harold García/CNMH

reunion representantes victimas cnmh 01Esta pregunta se hacen María Isabel García y Humberto Ariza, los dos representantes de las víctimas en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quienes, de manera franca, le piden a la Corte Constitucional ver con detenimiento la demanda impuesta por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera para ampliar la Ley 1448 hasta 2030.

En el momento que María Isabel García tuvo que desplazarse de la comuna 13 de Medellín, en 2010, su mente y corazón estaban luchando contra todo vacío interior causado por el conflicto, y su única motivación era salvar a su familia. Junto a su esposo, y sus cuatro hijas,  empacaron sus recuerdos y emprendieron un recorrido incierto. El desplazamiento, a simple vista, generó en ella marcas invisibles que se esconde en su enorme sonrisa. Hoy, 9 años después, con 50 años, es la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Risaralda, donde, con el tiempo y tenacidad, se convirtió en una líder indiscutible en la región, recibiendo, lastimosamente, no sólo buenas noticias por su trabajo: “Actualmente cuento con esquema de seguridad por amenazas”, dice.

Esta mujer, de pelo rubio y ojos verdes, decidió empoderarse de las más de 500 personas sin identificar (NN) que se encuentran enterradas en el cementerio Monseñor Jesús María Estrada de Marsella, un lugar de estructura majestuosa, bella, que es patrimonio artístico e histórico de la Nación. “Hoy el municipio debe ser un lugar priorizado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que contamos con 573 NN enterrados en el cementerio”, insiste María Isabel.

La desaparición forzada puede ser catalogada, dentro de todos los crímenes cometidos, como una de las estrategias más desgarradoras en la violencia armada del país. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), 80.472 personas fueron víctimas de este crimen desde 1958 a 2018, de las cuales 12 pertenecen al municipio de Marsella, donde vive María Isabel. Si el registro que muestra el Observatorio es tan bajo en esta región,  entonces ¿por qué en el cementerio hay centenares de NN?

Esta absurda ecuación estadística es el retrato desgajado que la muerte a través de la guerra ha dejado a su paso por las regiones de Colombia. Según el OMC el número de víctimas fatales que registran en su base de datos entre 1958 y el 15 de septiembre de 2018 es de 261.619. Todas estas cifras contrastan con la gentil aprobación que dan los pobladores del municipio de Marsella: “Es un lugar muy tranquilo”, dice María Isabel. Pero a principios de la década de los noventa se identificaba esta parte del eje cafetero como “uno de los municipios más violentos del país”, debido a los indicadores de homicidios reportados por el DANE en esa época. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con la realidad que allí se vivía. El subregistro, al parecer mal informado, les daba el calificativo mortuorio a la comunidad, debido a los desaparecidos que el conflicto estaba arrastrando con aciago desde el Norte del Valle, y que bajaban por el río Cauca para detenerse en un remolino de la vereda Beltrán. Los muertos si eran colombianos, pero no de Marsella, venían de otra parte donde la guerra estaba en su máxima degradación.

El especial multimedia “Ríos de vida y muerte: tras la ruta de desaparición forzada en el río cauca”: explica que “las víctimas eran llevadas hasta una hacienda (En Trujillo, Valle del Cauca) donde las descuartizaban vivas con una motosierra, algunos hombres eran castrados, y eviscerados aquellos que serían lanzados a las aguas del río Cauca; a plena luz del día y con total impunidad. Este trato inhumano fue el que sufrió el sacerdote Tiberio Fernández, asesinado el 17 de abril de 1990 y cuyo cuerpo fue recuperado días después en el Cauca. Este caso emblemático dejó bien en claro que para los criminales no había límites ni personas intocables”.


 

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La historia de Marsella es compleja. No es un reducto de grupos armados, y sin embargo la guerra les encajó un estigma de pueblo violento el cual no le corresponde. “La historia de Marsella debe concientizarnos, y yo quiero hacerle un llamado a los que imparten la Ley, que nos faltan muchas víctimas por escuchar y reparar de las 8 millones según el Registro Único de Víctimas, es llamarlos para que sepan que a través del proceso de paz nosotras las victimas éramos el centro, se supone, pero somos el centro de nada porque nada nos beneficia ni siquiera hemos podido reparar la mitad de víctimas”, explica María Isabel mientras se debate entre llorar o contener sus lágrimas, tal vez de rabia o impotencia.

portada reunion representantes victimas cnmh Fotografía: Harold García/CNMH

El relato de Humberto Ariza no es menos desolador. También fue desplazado, de Villa Nueva Bolívar, y al único lugar que encontró llegar, gracias a un familiar, fue San Andrés. “Es muy duro, porque no eres reconocido, uno llega de ilegal porque no tienes residencia, con el tiempo debes certificar tu estadía en la isla, no eres un turista, pero tampoco eres un ciudadano. Yo para salir y volver a entrar debo tener aprobación. Los desplazados no teníamos nada, gracias a la Ley de Víctimas empezamos procesos que hasta el día de hoy los hemos mantenido”, dice.

Al ingreso de la Corte Constitucional reza la frase de Santander: “Colombianos las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad”, hoy está en manos de ellos la demanda impuesta por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera y muchos representantes de víctimas, como María Isabel y Humberto, les piden que se “pongan en nuestros zapatos y vean la Ley de Víctimas  como un instrumento de paz y reconciliación”.

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