El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de visibilizar y erradicar este hecho.

Aunque internacionalmente este delito lleva más de 60 años prohibido, es una práctica recurrente en muchos países, de acuerdo con Amnistía Internacional. En el caso colombiano la tortura es una muestra más del nivel de degradación del conflicto que se vive desde hace más de cinco décadas y ha sido utilizada como método de entrenamiento de grupos armados ilegales, demostración de poderío, y para tomar el control de territorios y de poblaciones.

Es importante resaltar que el conjunto de prácticas inhumanas, que hacen parte del concepto de tortura, han sido utilizadas por todos los actores armados ilegales en Colombia. En el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “Recuerdos de Selva”, queda claro que las guerrillas han torturado a miembros de la fuerza pública con el secuestro mientras los paramilitares han hecho muestra de su sevicia contra las comunidades, como lo reveló el informe “Textos corporales de la crueldad”.

Este crimen de lesa humanidad suele estar relacionado con otro tipo de repertorios violentos como la desaparición forzada, el secuestro, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otros. Lo que hace que difícil determinar un número exacto de víctimas y demostrar su magnitud.

Es por esta razón que el CNMH se une a la conmemoración de este día, no sólo para revelar que la tortura ha hecho parte de la guerra en Colombia sino para acompañar y dignificar la memoria de cada persona que tuvo que soportar sobre su cuerpo, o su mente, tratos inhumanos y degradantes, y mostrar la necesidad de seguir trabajando para erradicar esta práctica.

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La Ley 1424 de 2010 encargó al Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad, aplicar un mecanismo no judicial de contribución a la verdad para los desmovilizados de los grupos paramilitares, un requisito indispensable para la obtención de los beneficios jurídicos. El Centro ha acopiado, sistematizado y analizado 13.757 testimonios, superando la meta de cuatrienio proyectada en 13.000 testimonios (2015-2018)

Por: Reina Lucía Valencia V. Dirección de Acuerdos del CNMH

Entre los años 2003 y 2006 se desmovilizaron, colectiva e individualmente, 35.317 combatientes paramilitares en el marco de la negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De estos, 4.588 paramilitares fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

Sin embargo, la situación jurídica de los llamados “paramilitares rasos” generó la necesidad de un marco jurídico adicional, el cual se desarrolló por medio de la Ley 1424 de 2010, por la que se dictaron disposiciones de justicia transicional para conceder beneficios jurídicos a dichos excombatientes, condicionados a su contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

La Ley 1424 de 2010 busca cumplir dos objetivos esenciales: la reintegración de las personas desmovilizadas a la sociedad a cargo de la Agencia Nacional para la Reintegración y la Normalización (ARN) y la contribución a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, dentro del mecanismo no judicial de contribución a la verdad diseñado e implementado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV).

Las garantías jurídicas que brinda la Ley 1424 para las personas desmovilizadas de las AUC están condicionadas al cumplimiento de unos requisitos: 1) vinculación a la ruta de reintegración 2) prestación de un servicio social en favor de la comunidad  y 3) contribución a la verdad y la memoria histórica. De igual forma, es necesario que, en razón de su participación y permanencia en el grupo paramilitar no hubieran cometido crímenes graves. De esta manera, los jueces podrán concederles el beneficio de la libertad, pero sin suspender el proceso penal ordinario al cual deben estar sometidos.

El mecanismo no judicial de contribución a la verdad

Desde mayo de 2012 la DAV ha sido la responsable de diseñar y aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, llamado Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. Este acuerdo es un documento de compromiso de cada desmovilizado para garantizar el aporte a la verdad histórica sobre los graves hechos de violencia que configuraron el fenómeno paramilitar y contribuir al proceso de reconciliación nacional. Luego de suscribir dicho acuerdo, el desmovilizado debe suministrar en un documento anexo su información personal y la relacionada con su vinculación al grupo armado. Terminado este proceso, la ARN remite el Acuerdo y su anexo al CNMH para que se dé inicio al proceso no judicial de contribución a la verdad.

La Dirección de Acuerdos del CNMH aplica el mecanismo no judicial, entrevista al desmovilizado, valora su testimonio y certifica su contribución a través de un documento que se entrega al finalizar el proceso de Acuerdos de Contribución a la Verdad. Las certificaciones podrán ser positivas si la contribución entregada por el desmovilizado firmante es significativa; o negativa si no asiste a las citaciones, no realiza las entrevistas o no aporta información coherente y verídica.

Desde la expedición de la Ley 1424 de 2010 hasta Marzo de 2019, la Dirección de Acuerdos del Centro de Memoria ha acopiado, sistematizado y analizado 13.757 testimonios de las personas desmovilizadas, procedentes de los grupos paramilitares, contribuyendo con ello a la construcción de la verdad histórica en el país.

Muestra de este ejercicio de contribución a la verdad, es el siguiente relato, donde un desmovilizado cuenta cómo se realizó un homicidio público en el corregimiento Las Delicias (Tolima), ordenado por alias Chirri. Para sembrar terror y conservar el orden, los paramilitares asesinaban públicamente a sus detractores:

“(…) Entrevistado: Pues en el caserío una vez si se mató a un señor. Eso lo mató el comando Chirri (…) En Delicias. Ese señor si ahí se reunió toda la gente para que se diera cuenta que por qué lo mataban. Un domingo como a la una de tarde, el señor era informante de la guerrilla, subía a Delicias para llevarle información a la guerrilla. Entonces se dieron totalmente cuenta. Entonces (…) se le pidió que se fuera, el comando Juancho le pidió que se fuera y nunca lo hizo y una vez que el comando Juancho estaba en vacaciones aprovecharon el momento para matarlo (…) Delante de todo el caserío para que se dieran cuenta de que lo que hablábamos no era [mentira] (…) pues muchas veces la gente por lo que (…) Juancho era una persona que no mataba a nadie, solo que se fuera la persona. Entonces, eso lo hicieron fue como para darle miedo a la gente, matar al señor delante de todo el mundo, que por qué lo mataron, porque era informante. Eso siempre se escuchó. Y entonces ya cuando el comando Juancho llego de vacaciones, eso fue el problema más tenaz (…)” (CNMH, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2013, 10 de octubre).

 


 

* Relato contenido en el informe De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC), el primero de la serie: Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, realizado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Página 291.

En la aplicación de este mecanismo no judicial, los desmovilizados, además de referenciar los hechos de violencia, algunos también reflexionan sobre su participación en el grupo armado y contribuyen con sus testimonios a reparar a las víctimas y a la sociedad en general.

Entrevistador: ¿Usted, pues ya que hace parte de un proceso en el que ya lleva varios años, cómo ha pensado o cómo cree que podría aportar a la reparación de las víctimas del conflicto armado?

Entrevistado: O sea, yo digo que en mi manera… Yo digo que contando la experiencia que viví a las personas que les interese, de que nosotros terminamos ahí siendo títeres de unos comandantes superiores a nosotros de que [sic] terminaron lucrándose ellos y haciéndonos hacer cosas que no fue la educación que nos dieron a nosotros, o sea, yo diría que como incentivando a la gente de que ese no es el camino que se quiere para lograr una paz; es todo lo contrario. Porque la guerra no se acaba con guerra, la guerra con guerra se perpetra en más guerra.» (CNMH, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 1 de octubre)

Conjugar la verdad para la elaboración de los informes de memoria histórica

En este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, la DAV ha conjugado los testimonios recibidos por la población desmovilizada de los grupos paramilitares con las contribuciones entregadas voluntariamente por otras personas, organizaciones e instituciones interesadas en este proceso. Este contraste de información se complementa con el uso de fuentes secundarias, fundamentales para la elaboración de los informes que buscan reconstruir la memoria histórica de lo sucedido en cada uno de los grupos o estructuras paramilitares y garantizar el derecho a la verdad,  dando cuenta de los logros del mecanismo no judicial implementado. Hasta la fecha la DAV ha producido 13 informes, los cuales pueden ser consultados en la página Web del Centro.

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Desde hace décadas, las víctimas, sus organizaciones y comunidades han trabajado en una idea: no dejar que los hechos de violencia y de resistencia sean olvidados. El Museo Nacional de Memoria Histórica nace desde esta conquista social. A partir de su formulación en la Ley de Víctimas y reconociendo la importancia que tiene la reparación simbólica, el museo se convierte en una piedra angular y garantiza que sus memorias sean escuchadas, visibilizadas y promovidas en una sociedad que construye caminos de paz.

Hablamos con Rafael Tamayo, actual director del museo, sobre los retos y proyectos que tiene este espacio pedagógico y cultural en los próximos años. Con su trayectoria profesional como docente de varias universidades y subgerente de entidades sin ánimo de lucro como la Fundación San Antonio, Tamayo asume la dirección de un equipo de trabajo que tiene al hombro uno de los proyectos más importantes del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La ley de víctimas y los resultados que derivan de ella son el resultado de enormes esfuerzos de las víctimas y sus organizaciones, ¿Cómo han participado ellas en el museo?

Casi todo lo que se ha hecho en el museo deriva de un trabajo con las víctimas. Esto es un insumo loable y simbólico. Si bien el museo tendrá un edificio, en el corazón sus actividades se derivan de una gran cantidad de talleres regionales que muestran la intención de las personas que han participado en esta construcción de que tengamos un proceso de reparación simbólica bien anclado. El museo está pensado como un museo de exposiciones temporales para poder dar espacio a la infinidad de voces. Así, el museo será un lugar dinámico. Lo que tenemos para contar es mucho y el énfasis siempre estará en las voces de las víctimas.

El CNMH lleva ocho años investigando y recogiendo insumos sobre el conflicto armado. ¿Cómo se va a ver ese legado en el museo?

El museo, por un lado, acogerá como una subdirección la actual dirección de Archivos de Derechos Humanos. Uno de los trabajos se reflejará en el repositorio de consulta de archivos, imágenes y documentos que actualmente tiene el Archivo, pero que deberán integrarse de forma digital. Con las otras direcciones, el museo tiene la gran posibilidad de visibilizar no solo los textos sino de crear otros dispositivos de difusión de los que podemos echar mano para que, por ejemplo, las exposiciones del museo tengan un contenido que sustente y visibilice el trabajo de los investigadores, aprovechando por ejemplo las nuevas tecnologías.

¿Cuáles son los principales retos que asume el museo en lo que queda de 2019?

Tenemos exposiciones en cuatro ciudades del país que buscan acercar la pluralidad de voces que han participado en la primera muestra expositiva del museo. Queremos consolidar su identidad en las diferentes regiones. Se viene la creación de la personalidad jurídica del museo, la consolidación de redes con otras instituciones tanto de memoria como culturales a nivel nacional e internacional. Por delante está pensar todos los proyectos que se vienen para el 2020: los 10 años de la dirección de Acuerdos de la Verdad, convocatorias artísticas y de investigación en memoria y el diseño de la bienal de la memoria: una apuesta en la que confluyen asuntos sobre conflicto, memoria y arte junto a un programa de estímulos.

¿En qué estado está la construcción del museo?

La construcción está retrasada por asuntos prediales. El terreno es donado por la administración de Bogotá y necesita un saneamiento predial, esperamos que en tres meses el lote esté perfecto desde el punto de vista jurídico. Se espera que su construcción se de en octubre del 2019. Este proceso de construcción duraría aproximadamente dos años y a finales de 2021 estaríamos inaugurando el museo. Los recursos económicos están reservados por el gobierno nacional y no hay ningún riesgo financiero para su construcción.

No todos comparten las mismas visiones sobre el conflicto. ¿Es posible entender este museo como un lugar que va a permitir disensos y conversaciones difíciles?

La idea es que el museo sea un lugar puente entre las diferentes voces y posiciones ideológicas y políticas. Queremos convertirnos en un lugar seguro donde el diálogo tiene unas reglas de respeto, escucha y atención al otro. No queremos hacer proselitismos, queremos fortalecer el diálogo, para ello será fundamental las voces de las víctimas. El reto es diferenciar qué piezas son la voz de las víctimas, fuentes primarias, objetivas, que nos dan su testimonio y cuáles otras serán piezas más mediadas.

En otra ocasión usted mencionaba que el museo depende de una política de Estado, más no de un gobierno. ¿Podría explicarnos esto mejor?

Si bien todas las instituciones pueden tener modificaciones con los gobiernos de turno, el andamiaje que se construye del museo implica que, independientemente del gobierno que tengamos, ahora o en el futuro, la misionalidad del museo debe continuar: que sea un lugar en el que aprendamos del conflicto, en el que estén visibles las voces de las víctimas es algo que muy difícilmente cambiará en el futuro. Confiamos en que independientemente del color político del gobierno del momento, honren la memoria social y reconozcan la importancia del museo, de su capacidad conciliadora a nivel nacional. El gran reto es mostrarle a la gente que no estamos haciendo proselitismo si no construyendo nación.

¿Cuál cree que podría ser el rol de un museo como este en la actualidad nacional?

El museo va a servir como lugar para el diálogo donde se encuentren todos los sectores sociales, no solo las víctimas sino medios de comunicación, grupos sociales, partidos políticos. Queremos que nos vean como un lugar donde tanto desde lo material como lo simbólico es posible entendernos como una nación con una historia reciente común; como un lugar seguro en el que pueden exponer sus argumentos, en el que pueden escuchar y ser escuchados sin la necesidad de ser violentados. El ejemplo que nos dan las víctimas nos muestran que hay dos opciones: o debatimos nuestras ideas o volver a repetir esta historia.

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reunion representantes victimas cnmh 01Esta pregunta se hacen María Isabel García y Humberto Ariza, los dos representantes de las víctimas en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quienes, de manera franca, le piden a la Corte Constitucional ver con detenimiento la demanda impuesta por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera para ampliar la Ley 1448 hasta 2030.

En el momento que María Isabel García tuvo que desplazarse de la comuna 13 de Medellín, en 2010, su mente y corazón estaban luchando contra todo vacío interior causado por el conflicto, y su única motivación era salvar a su familia. Junto a su esposo, y sus cuatro hijas,  empacaron sus recuerdos y emprendieron un recorrido incierto. El desplazamiento, a simple vista, generó en ella marcas invisibles que se esconde en su enorme sonrisa. Hoy, 9 años después, con 50 años, es la coordinadora de la Mesa de Víctimas de Risaralda, donde, con el tiempo y tenacidad, se convirtió en una líder indiscutible en la región, recibiendo, lastimosamente, no sólo buenas noticias por su trabajo: “Actualmente cuento con esquema de seguridad por amenazas”, dice.

Esta mujer, de pelo rubio y ojos verdes, decidió empoderarse de las más de 500 personas sin identificar (NN) que se encuentran enterradas en el cementerio Monseñor Jesús María Estrada de Marsella, un lugar de estructura majestuosa, bella, que es patrimonio artístico e histórico de la Nación. “Hoy el municipio debe ser un lugar priorizado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya que contamos con 573 NN enterrados en el cementerio”, insiste María Isabel.

La desaparición forzada puede ser catalogada, dentro de todos los crímenes cometidos, como una de las estrategias más desgarradoras en la violencia armada del país. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), 80.472 personas fueron víctimas de este crimen desde 1958 a 2018, de las cuales 12 pertenecen al municipio de Marsella, donde vive María Isabel. Si el registro que muestra el Observatorio es tan bajo en esta región,  entonces ¿por qué en el cementerio hay centenares de NN?

Esta absurda ecuación estadística es el retrato desgajado que la muerte a través de la guerra ha dejado a su paso por las regiones de Colombia. Según el OMC el número de víctimas fatales que registran en su base de datos entre 1958 y el 15 de septiembre de 2018 es de 261.619. Todas estas cifras contrastan con la gentil aprobación que dan los pobladores del municipio de Marsella: “Es un lugar muy tranquilo”, dice María Isabel. Pero a principios de la década de los noventa se identificaba esta parte del eje cafetero como “uno de los municipios más violentos del país”, debido a los indicadores de homicidios reportados por el DANE en esa época. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con la realidad que allí se vivía. El subregistro, al parecer mal informado, les daba el calificativo mortuorio a la comunidad, debido a los desaparecidos que el conflicto estaba arrastrando con aciago desde el Norte del Valle, y que bajaban por el río Cauca para detenerse en un remolino de la vereda Beltrán. Los muertos si eran colombianos, pero no de Marsella, venían de otra parte donde la guerra estaba en su máxima degradación.

El especial multimedia “Ríos de vida y muerte: tras la ruta de desaparición forzada en el río cauca”: explica que “las víctimas eran llevadas hasta una hacienda (En Trujillo, Valle del Cauca) donde las descuartizaban vivas con una motosierra, algunos hombres eran castrados, y eviscerados aquellos que serían lanzados a las aguas del río Cauca; a plena luz del día y con total impunidad. Este trato inhumano fue el que sufrió el sacerdote Tiberio Fernández, asesinado el 17 de abril de 1990 y cuyo cuerpo fue recuperado días después en el Cauca. Este caso emblemático dejó bien en claro que para los criminales no había límites ni personas intocables”.


 

(Le puede interesar Trujillo: Una tragedia que no cesa)

 

La historia de Marsella es compleja. No es un reducto de grupos armados, y sin embargo la guerra les encajó un estigma de pueblo violento el cual no le corresponde. “La historia de Marsella debe concientizarnos, y yo quiero hacerle un llamado a los que imparten la Ley, que nos faltan muchas víctimas por escuchar y reparar de las 8 millones según el Registro Único de Víctimas, es llamarlos para que sepan que a través del proceso de paz nosotras las victimas éramos el centro, se supone, pero somos el centro de nada porque nada nos beneficia ni siquiera hemos podido reparar la mitad de víctimas”, explica María Isabel mientras se debate entre llorar o contener sus lágrimas, tal vez de rabia o impotencia.

portada reunion representantes victimas cnmh Fotografía: Harold García/CNMH

El relato de Humberto Ariza no es menos desolador. También fue desplazado, de Villa Nueva Bolívar, y al único lugar que encontró llegar, gracias a un familiar, fue San Andrés. “Es muy duro, porque no eres reconocido, uno llega de ilegal porque no tienes residencia, con el tiempo debes certificar tu estadía en la isla, no eres un turista, pero tampoco eres un ciudadano. Yo para salir y volver a entrar debo tener aprobación. Los desplazados no teníamos nada, gracias a la Ley de Víctimas empezamos procesos que hasta el día de hoy los hemos mantenido”, dice.

Al ingreso de la Corte Constitucional reza la frase de Santander: “Colombianos las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad”, hoy está en manos de ellos la demanda impuesta por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera y muchos representantes de víctimas, como María Isabel y Humberto, les piden que se “pongan en nuestros zapatos y vean la Ley de Víctimas  como un instrumento de paz y reconciliación”.

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  • Directivas del CNMH se reunieron con el Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, y el Coordinador del Centro de Memoria Paz y Reconciliación.
  • El trabajo conjunto, y la dignificación de las víctimas, fueron los ejes centrales de la primera reunión entre las tres instituciones.

El trabajo conjunto es indispensable al momento de reparar y apoyar a las víctimas en sus procesos de construcción de  memoria colectiva. En ese propósito, directivas del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se reunieron este viernes con Gustavo Quintero, Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito, y Carlos Arturo Charria, Coordinador del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, para  identificar las líneas de cooperación y trabajo conjunto entre las tres instituciones.

Como lo expresó Juan Daniel Salazar, del Equipo de Cooperación y Alianzas Estratégicas del CNMH, “Los mandatos misionales de estas instituciones tienen muchos puntos en común, y a partir de estos encuentros queremos construir espacios en los que sean incluidas narrativas plurales y diversas de las víctimas, pues ellas son lo más importante de nuestros procesos y a las que nos debemos como instituciones y como país”.

Por su parte, el Coordinador del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, resaltó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta por la dignificación del relato de las víctimas.

“Es muy importante buscar estrategias de manera conjunta para que los cuidadanos puedan comprender e involucrarse con los relatos, reconociendo a las víctimas del conflicto armado y dignificando su voz, más allá de un instrumento político”, agregó Charria.

De igual forma, el Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Gustavo Quintero, destacó la importancia del trabajo conjunto y la forma como este es un ejemplo nacional.

“Estamos enviando un mensaje para que todas las organizaciones y las víctimas se unan a este tipo de iniciativas que antes de juzgar y de crear algún tipo de estereotipo, lo que tenemos que hacer como sociedad y como país es caminar de la mano y construir conjuntamente desde las distintas miradas y respetando al otro, entendiendo los distintos dolores de cada uno de los protagonistas del conflicto, también entendiendo que es conjuntamente que se puede, no solamente hacer ejercicios de construcción de memoria, sino también esa tan anhelada reconciliación que necesita el país”, concluyó Quintero.

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No más secuestros

Publicado 19 Jul 2019

Quiero presentar un saludo muy especial a todos los presentes, a las víctimas del secuestro de La María, a las autoridades civiles y religiosas, a la doctora Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, a nuestro amigo Diego Arias impulsor de este evento, al joven artista Juan Daniel Otoya Vernaza y a todas las personas que han hecho posible este acto de recordación.

Hoy 30 de mayo de 2019 nos reunimos para rendir tributo a las víctimas de una de las acciones más crueles cometidas por las guerrillas colombianas, la del ELN en este caso. El país no había salido del estupor y el repudio por las atrocidades cometidas por las mafias narcotraficantes, los grupos paramilitares y las guerrillas entre los años 80 y 90 del siglo pasado.

El secuestro de cerca de 150 personas sacados a la fuerza de un acto religioso en un sitio de culto confirmó el rumbo terrorista de un proyecto que en principio se presentaba bajo un manto revolucionario y que, con el paso de años de infructuosos intentos por coronar el poder por la vía de las armas y el fracaso en ganar el apoyo de la población que decían representar, cayó en la fosa de la degradación en la que todos los crímenes, incluso los más horrendos, tenía justificación.

A la acción depredadora e inhumana de las guerrillas no escapó ningún sector social ni político ni económico. Pueblos misérrimos, empresarios, periodistas, sacerdotes, docentes, campesinos acusados de soplones, gentes común y corrientes, policías y soldados y hasta el medio ambiente sufrieron ataques inmisericordes.

Las guerrillas colombianas en todas sus siglas convirtieron su ideología marxista leninista y revolucionaria en patente de corso para barrer con los más elementales principios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se validó y dio por legítimo el secuestro, el asesinato de civiles, el uso de armas artesanales como los cilindros-bomba y las minas antipersonal, la voladura de oleoductos con la consecuente contaminación de ríos y afluentes, la muerte de millones de peces y aves y el daño a los acueductos. Derribaron torres de energía para privar al pueblo de este servicio público, usaron animales, bicicletas, collares y hasta niños cargándolos con bombas para, supuestamente, propinarle golpes al enemigo.

El ejercicio de recordar el secuestro de muchos de ustedes no tiene la finalidad de estimular un sentimiento de venganza ni de alimentar el odio contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que no fueron actos aislados que se puedan calificar de errores o hechos aislados pues se practicaron sistemáticamente, con plena conciencia y total cinismo justificatorio.

Lo que nos anima en esta conmemoración y en todos los trabajos que hacemos diferentes entidades estatales y cívicas es, por el contrario, doblemente positivo. En primer lugar porque hemos comprendido que para las generaciones actuales y futuras es un deber moral y ético no echar al olvido tanta degradación  y el dolor causado a miles de familias que sufrieron tan intenso dolor, de tal manera que podamos erigir como parámetro infranqueable el principio de no repetición exigible a los victimarios de todos los colores: guerrillas, paramilitares, agentes del estado y grupos armados organizados e ilegales

En segundo lugar, queremos que los crímenes atroces no reciban el beneficio de la amnistía ni el perdón gratuito de los ciudadanos hacia los autores, sino que se aplique la justicia en términos transicionales. La noción de justicia transicional no puede ser entendida como impunidad sino como castigo regulado y reducido como está estipulado en la justicia internacional y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de la que Colombia es signataria.

Hoy quiero confirmar que el Centro Nacional de Memoria Histórica conformó un equipo profesional bajo el liderazgo de Diego Arias, para adelantar en esta ciudad (Cali) la recuperación de la memoria de las víctimas del secuestro masivo de La María, de las víctimas del secuestro del kilómetro 18, ambos crímenes cometidos por el Eln, y además, la de los familiares de los asesinados Isaías Duarte Cancino obispo de esta ciudad y del miembro del Comité Central del partido Comunista Colombiano, José Cardona Hoyos asesinado por las Farc por oponerse a la combinación de todas las formas de lucha.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene por objeto misional la recuperación y conservación de la memoria de las víctimas de las violencias políticas que han sacudido el país desde 1985 para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Por supuesto, y no sobra reafirmarlo en este escenario, queremos que nuestra labor misional contribuya a la obtención de la paz. Estoy convencido que llegaríamos más pronto al disfrute de la anhelada paz, si la buscamos dignificando a las víctimas y aplicando los principios de la justicia transicional. Pero también elevando un clamor nacional para que el Eln, la llamada disidencia de las Farc y otros grupos armados organizados e ilegales se comprometan a cesar todo tipo de hostilidades en el entendido de que el pueblo colombiano será, como ya ha sido y lo ha demostrado, generoso en el perdón y en la reintegración de sus militantes.

Los invito a visitar la exposición del artista Juan Daniel Otoya Vernaza cuya familia fue una de las víctimas del secuestro masivo.

 

Darío Acevedo Carmona, Cali 30 de mayo de 2019
Director General Centro Nacional de Memoria Histórica

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La reconstrucción de los hechos que enmarcaron el secuestro, por parte del Eln, de 194 personas que asistían a una eucaristía en la iglesia de La María de Cali, hace 20 años, los aprendizajes y secuelas, son insumos que recoge el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para iniciar un proceso que conlleve a la elaboración conjunta de sus memorias.

Este jueves 30 de mayo, luego del homenaje de conmemoración y la presentación de la exposición de la obra “Pintar para no olvidar”, de Juan Daniel Otoya, artista plástico y víctima de este secuestro, Darío Acevedo, director del CNMH; Rafael Tamayo, director del Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC) y Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social manifestaron a las víctimas su compromiso para adelantar un proceso de iniciativa de memoria y escucharon propuestas para lograr el trabajo que se espera, esté listo a finales de este año.

“El Gobierno Nacional se solidariza con las víctimas del secuestro del Eln en La María y, precisamente, esta reunión es para que nos ayuden a reconstruir las memorias”, indicó la directora de Prosperidad Social.

Por su parte, el director del CNMH manifestó que la entidad tiene por objeto misional la recuperación y conservación de la memoria de las víctimas de las violencias políticas que han sacudido al país desde 1985 para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

“El ejercicio de recordar el secuestro de muchos de ustedes no tiene la finalidad de estimular un sentimiento de venganza ni de alimentar el odio contra los responsables de estos crímenes de lesa humanidad que no fueron actos aislados que se puedan calificar como errores. Se practicaron sistemáticamente, con plena conciencia, y total cinismo justificatorio”, dijo Acevedo.

Rosana Ramírez, una de las víctimas del secuestro de La María, destacó la importancia de reconstruir la memoria de lo sucedido para que nuevas generaciones conozcan los hechos y los aprendizajes.

“Todos nos preguntan qué nos dejó el secuestro: fueron cosas dolorosas, las familias las más golpeadas, porque no saben cómo está uno allá, en el cautiverio. También situaciones hermosas: aquí están las diferencias de todas las orillas, pero eso al momento que nos encontramos se deja a un lado y el abrazo es con todo el corazón”, apuntó.

Añadió que “las nuevas generaciones no saben que hubo un secuestro masivo, que nos sacaron de una iglesia. Por eso la memoria es fundamental, a través del arte, la cultura, los diálogos. Un pueblo sin memoria está declarado a repetir todo lo malo que le pasó”, enfatizó.

En ese sentido, Patrick Martínez, otro de los secuestrados de La María, aceptó que después de 5 meses en esa condición aprendió que lo más importante que quedó fue la amistad.

“Ya no somos exsecuestrados, sino amigos, familia”, resaltó y anotó que es importante reconstruir la memoria, porque “uno se olvida de tantas cosas y lo vivido queda atrás, pero tiene que servir como base para crear un futuro y las generaciones que vienen tienen que conocer todas las posiciones, los actores, cuál era el pensamiento de cada una de las personas involucradas en esta guerra que hubo y hacer sus propias ideas”, concluyó.

Publicado en Noticias CNMH

portada conmemoracion iglesia la mariaEl domingo 30 de mayo de 1999 en el sur de Cali, más exactamente en la iglesia La María, 194 personas fueron secuestradas por miembros del frente José María Becerra del Eln. Este hecho pasaría a la historia como el secuestro masivo más grande perpetrado en Colombia.

Como era usual, los feligreses acudían puntual a la eucaristía que se realizaba a las 10 a.m. cada domingo en la capilla de la iglesia La María, ubicada en el barrio Ciudad Jardín, entre la carrera 127 y la avenida Cañasgordas de la ciudad de Cali. Aquel 30 de mayo de 1999 no fue la excepción y casi 200 personas asistieron para escuchar la palabra de Dios a través de la voz del párroco Jorge Humberto Cadavid.

Los primeros 30 minutos de misa transcurrieron con normalidad, hasta que hombres armados y con uniformes del Ejército, irrumpieron con dos camiones tipo furgón, se presentaron como miembros del Gaula y alertaron sobre la pronta explosión de una bomba en el lugar, por lo que pedían que los 194 presentes ingresaran rápidamente a esos dos vehículos.

La mayoría, desconfiada, no obedeció la orden. Incluso, Yaslín Durán Córdoba, escolta de uno de los asistentes a la misa, se percató que las botas que utilizaban los supuestos integrantes del Gaula no eran parte de la indumentaria habitual. Cuando intentó reaccionar fue asesinado.

En ese momento los guerrilleros realizaron tiros al aire y obligaron, sin distinción alguna, que todos los presentes, incluidos niños, adultos mayores y hasta el párroco se subieran a los camiones. Pronto se reveló que aquellos hombres eran parte del frente José María Becerra del Eln. De esta forma inició el calvario de un secuestro que tendría como escenario las enredadas y boscosas montañas de los farallones de Cali.

La noticia del secuestro masivo más grande realizado en Colombia (hasta hoy) se expandió con rapidez. La conmoción se apoderó de la ciudad y el país. Horas más tarde, y gracias a la presión del Ejército, los secuestradores se vieron obligados a dejar en el camino a algunos de los secuestrados.

Al final del día, quedaron 93 personas en poder del Eln, ya que de las 194 secuestradas inicialmente, 86 fueron dejadas en el camino y 15 más escaparon de sus secuestradores. El Ejército se encargó de recogerlas y llevarlas al Batallón Pichincha de Cali para que pudieran encontrarse con sus familiares.

Con el liderazgo del arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino (Q.E.P.D.), la ciudadanía se movilizó y se tomó las calles para exigir la entrega inmediata de los secuestrados.

El 7 de junio de 1999 las voces de miles de caleños gritaban: “¡Los queremos libres, vivos y en paz!” en  la gran marcha que fue llamada “No más”, la primera de muchas que surgieron como expresión de rechazo al secuestro en el país. Además, monseñor Isaías Duarte excomulgó a los secuestradores y denunció las pretensiones económicas que tenía el Eln a cambio del intercambio de los plagiados.

En el transcurso de 6 meses y medio, todos los secuestrados fueron dejados en libertad. La entrega de las personas se daba en grupos pequeños. La fecha de la última liberación fue el 11 de diciembre de 1999. Años más tarde se sabría que las denuncias de monseñor Duarte eran ciertas, y que cada liberación tuvo su precio.

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Arte, memoria y sanación

Para Juan Daniel Otoya Vernaza, quien estaba presente en la iglesia aquel 30 de mayo y fue secuestrado junto a su hermano, su padre y madre ese momento cambió su vida. Tenía 11 años y aún recuerda con precisión cada momento del plagio: estaba junto a su familia y fue obligado por miembros del Eln a separarse de ellos. Luego lo abandonaron en medio de la carretera.

Fue ahí cuando sintió que su mundo se iba en aquellos camiones que se dirigían a los farallones. Una mujer de un acento paisa muy marcado, también liberada en ese inhóspito lugar y cuyo nombre no recuerda, lo acogió y protegió hasta que llegaron al batallón.

Desde ese momento empezó a dibujar constantemente superhéroes hasta que su madre, Isabella Vernaza, fuera liberada, a principios de noviembre de 1999. Hoy entiende que esos dibujos representaban su anhelo de rescatar a su familia. El 13 noviembre se da la liberación de su padre, Alfredo Otoya y fue el fin de aquella historia. O por lo menos eso creía Juan Daniel.

Años más tarde, mientras estudiaba artes, se cuestionó su pasado y trató de buscar un sentido a lo que constantemente dibujaba. Veía cómo sus trazos eran el desahogo de un episodio que aún no había enfrentado del todo. Por esta razón empezó un proceso pictórico para representar sus recuerdos y a través de ellos contar la historia del secuestro de la iglesia La María.

Asegura que este proceso fue clave para sanar las heridas que aún no terminaban de cicatrizar. Pero lo que más le ayudó a superar todo lo relacionado con el aquel episodio fue hablar, en sus propias palabras, “hablar de mi experiencia y contar mis temores se convirtió en una manera de afrontarlos, de entenderlos y de sanar”. Compartir su memoria con otros fue la pieza final que le ayudó a superar aquel traumático secuestro.

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Conmemoración del secuestro de la iglesia La María

Hoy jueves 30 de mayo, cuando  se cumplen 20 años de aquel secuestro, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acompaña a las víctimas y trabajará en la recuperación de sus memorias,  de la mano de un equipo liderado por Diego Arias, líder cívico de Cali.

De igual manera, el director del CNMH, Darío Acevedo, anunció que se adelantará un proceso con las víctimas del secuestro del kilómetro 18, también en Cali, acto que fue ejecutado por el Eln, meses después del acontecido en la iglesia La María.

Dada la relevancia de este hecho para la ciudad de Cali, para el país y para aquellos que vivieron aquel secuestro en carne propia, hoy jueves se realizará una eucaristía a las 5 de la tarde en la iglesia La María.

Esta acción conmemorativa se realiza, de acuerdo a las palabras entregas al noticiero regional NOTI5 por Víctor Manuel López, miembro de la Arquidiócesis de Cali, “para recordar este suceso y pedir  a la sociedad, no solo de esta ciudad, sino de Colombia entera, que cada día rechace todo acto de violencia”.

Además se presentará “Pintar para no olvidar. 20 años del secuestro en la iglesia la maría” la exposición que realizó Juan Daniel Otoya y que fue parte de su proceso de sanación para superar lo vivido durante su secuestro y el de su familia. La exhibición se abrirá después de la eucaristía y estará abierta hasta el 3 de junio.

Durante esta íntima ceremonia religiosa las víctimas del secuestro de La María y sus familiares harán presencia para dignificar la memoria de Yaslín Durán Córdoba, asesinado durante el secuestro, y hacerle frente al olvido de una sociedad que aún les debe reconocimiento y reparación.

Publicado en Noticias CNMH
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