Desde los ochenta Uriel Darío de la Ossa lideró una asociación de administradores de empresas bananeras, a la cual le asesinaron 217 miembros en tres décadas. En 2016 la Unidad de Víctimas los reconoció como sujeto de reparación colectiva. Su archivo es uno de los 2043 que hacen parte del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH), identificados por el CNMH en los últimos cuatro años.

Juan Camilo Gallego Castro

En la oficina de Uriel Darío de la Ossa, de 84 años, hay un par de escaparates con carpetas arrumadas. Lo que hay ahí es información de la Asociación de Administradores y Empleados de Empresas Bananeras de Urabá (Asafibu). Él es un sobreviviente, la asociación es una sobreviviente.

Uriel nació en San Marcos, Sucre, a los 21 años se fue a trabajar la ganadería en el Bajo Cauca, y en 1981 se fue para Turbo, Urabá antioqueño. “Acá lo que da la plata es el banano”, le dijeron. Y si bien no sabía del negocio le ofrecieron dos fincas para administrar.

Al poco tiempo conoció los sindicatos de trabajadores Sintragro y Sintrabanano. El 13 de febrero de 1987, junto a 87 administradores, gerentes y dueños de empresas bananeras crearon Asafibu ante los constantes asesinatos selectivos de empleados y administradores a manos de las guerrillas. Entre otras razones, para velar por el bienestar del gremio y sus familias, así como para gestionar capacitaciones y formular proyectos. “Creamos la Asociación por la violencia que había en esa época, por distraer el problema que teníamos. Hacíamos actividades deportivas, recreativas, buscando entretenerlos. Los trabajadores afiliados llegamos a ser 412. Hoy no hay ni la mitad de fincas de ese tiempo”, dice.

Hubo 217 administradores muertos en Urabá en las últimas tres décadas, asegura Uriel. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto en esta región del país hubo 7.135 asesinatos selectivos entre 1958 y septiembre de 2018. La mayoría de ellos ocurrieron a partir de los ochenta.

De acuerdo con el libro de Clara Inés García y Clara Inés Siegert “Geografías de la guerra”, entre 1988 y 1991 “Urabá tenía dibujada una clara división territorial bélica […] bajo una lógica político-militar guerrillera. En él se distinguen, de una parte, los territorios de influencia EPL al norte de Urabá (Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y norte de Turbo) y en los límites con Córdoba, y de otra parte los territorios de dominio Farc en la parte limítrofe del Chocó y el sur del Urabá antioqueño (sur de Chigorodó, Mutatá y Vigía del Fuerte). El Centro de Urabá, correspondiente al eje bananero, hacía las veces de territorio de confluencia de ambas guerrillas, donde los límites político-militares entre ambas operaban desde un espacio local que distinguía fincas Farc o EPL según la adscripción de los trabajadores a uno u otro sindicato de su influencia (Sintrabanano y Sintagro, respectivamente)”.

A comienzos de los 90 se dio la negociación del gobierno con el EPL, ante esto las FARC copó el territorio. Tras la desmovilización inició “una guerra sucia que involucró a las FARC en alianza con la disidencia del EPL, a los paramilitares y a sectores del EPL reinsertados”, indican en el libro las académicas Clara Inés García y Clara Inés Siegert. De acuerdo con su investigación, a partir de 1992 los grupos paramilitares entraron a disputar el territorio y de esta manera se recrudeció el conflicto.

Uriel no estuvo exento de ese conflicto. En 1983 lo intentaron matar. Fue hasta el campamento del EPL a dar la cara. Se encontró de frente con el hombre que antes quiso asesinarlo. “Necesito hablar con el comandante”, dijo retando a la muerte.

Logró salir con vida ese día.Pero el 5 de septiembre de 1995, las FARC cometieron la masacre de la vereda Bajo del Oso en Apartadó, en donde murieron 24 personas. Uriel no lo soportó y se fue de Urabá, regresó a su San Marcos casi medio siglo después. La asociación dejó de funcionar entre 1996 y 2013. Solo hasta hace cuatro años Uriel volvió a estar al frente. A su regresó a Apartadó actualizaron la personería jurídica, reformaron los estatutos y emprendieron la tarea de reclamar sus derechos vulnerados en el conflicto armado. Hoy tienen 98 administradores y empleadores activos.

Dice Aidé Torres Serna, socia e integrante de la mesa directiva, que en diciembre de 2016 Asafibu fue reconocida por la Unidad de Víctimas como sujeto de reparación colectiva. Sus archivos les ayudó para el reconocimiento, “son muy importantes porque recopilamos información de cada uno de nosotros, de los hechos victimizantes -como extorsión, amenazas, desplazamiento, asesinato-. Cada miembro tiene un historial”, dice.

Aidé se encargó de clasificar este archivo en el que se encuentran recortes de prensa, fotografías, testimonios de los afiliados sobre las victimizaciones que sufrieron en el conflicto; una base de datos con los 217 administradores asesinados, correspondencia con organizaciones e información legal de la Asociación. Este archivo es uno de los 2.043 que la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del CNMH ha identificado en el país desde 2015 y fue incluyó en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH), un proceso que continúa en todo el país.

Y en el archivo que Uriel y Aidé guardan en los escaparates de su asociación en Apartadó, hay información importante de un grupo de personas que también sufrió el conflicto armado: no solo los trabajadores bananeros, también los gerentes, administradores y propietarios de las fincas.

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portada los ninos que no fueron a la guerraEn 25 años la hermana Carolina Agudelo contribuyó, al frente de la Fundación Compartir, a la recuperación psicosocial de viudas y niños huérfanos, víctimas del conflicto armado en Urabá.

Juan Camilo Gallego Castro

La niña se muerde los labios y cruza sus manos en el pecho. Los tres niños alrededor intentan sonreír. Parecen tan felices.

“Es una foto histórica” —dice la hermana Carolina Agudelo, es la foto de los primeros niños que llegaron a la Fundación en el barrio Vélez, de Apartadó, Urabá antioqueño.

El 24 de enero de 1994 fue trasladada a esta región del país, y esa foto es la primera que tomó. Ahora la mira colgada de la pared de su oficina.

—Los perdí de vista, quiero verlos de nuevo.

Esos niños, tan felices que se ven, acababan de perder sus papás, eran niños huérfanos; sus mamás, viudas jóvenes que no pasaban de 30 años.

Arreciaba el temporal.

***

—Mi vida es un misterio, dice la hermana Carolina, vivía muy contenta cuando me llamó una hermana de La Presentación. Tenía 19 años.

Carolina no era la hermana Carolina. Sus dos hermanas mayores eran religiosas. En ese entonces las definía como “mojigatas”. Estaba enamorada, tenía novio.

—Tengo vocación religiosa y vocación para el matrimonio. Respondió entonces.

Trabajaba en la Contraloría de Antioquia, entregó su carta de renuncia y le pidieron que lo pensara: “Señorita Carola, lo suyo es una ventolera. Pero si es su decisión, las puertas seguirán abiertas”. 1961, medio siglo atrás, se fue para el noviciado Los Ángeles, en el barrio Villahermosa de Medellín. Dejó su trabajo, dejó su novio. Eligió la mitad de su vocación.

Aquel hombre se quedó triste, la esperó seis meses, pero Carolina ya no era Carolina, iba en camino de ser la hermana Carolina. Un día cualquiera aquel hombre la fue a buscar, mientras conversaban le dijo: “Negra, como la llamaba, camina para recordar cómo caminabas”. Se puso de pie y fue de un lado a otro. Entonces fue el adiós. Un día su mamá le contó que aquel hombre le había dicho en la calle: “Yo quiero que sepa que la mujer que amé fue su hija”.

***

Ya en 1994, esta mujer que se consagró a la religión, escuchó al entonces obispo Isaías Duarte Cancino que le pidió ocuparse de una fundación para atender a mujeres viudas y niños huérfanos, víctimas del conflicto armado en el Urabá.

Encontró un escritorio, un computador, sillas y un millón para empezar.

—Le vamos a enseñar su oficina– le dijeron a su llegada.

“No, yo no quiero oficina, necesito arrendar una casa para atender a las viudas y sus familias”, expresó de inmediato.

los ninos que no fueron a la guerra2En 1994 la Fundación atendió 45 niños huérfanos y hoy tienen más de 1300 en atención de primera infancia. Por fortuna, “ya no todos son hijos de viudas”, dice la hermana Carolina. - Fotografía: Isabel Valdés/CNMH

Hasta 1999 fue un programa de la Diócesis de Apartadó. Durante años organizó algo que llamó las tardes del compartir y así fue como luego se convirtió en la Fundación Compartir. En la primera casa atendían 45 niños huérfanos y a sus madres. La hermana Carolina mira las fotos colgadas en su oficina y se encuentra ante cientos de niños que ahora no son niños.

“Yo escuché las historias de todas las mujeres. Todas en Compartir han sido por muerte violenta. De todas esas mujeres, unas 600, están redimidas gracias a la Fundación. Siempre me dijeron que eran mujeres viudas a causa de la violencia. Yo les decía que no, que fue a causa de la guerra”.

De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1994 hubo en Apartadó 102 asesinatos selectivos. La hermana Carolina recibió 1.960 viudas en los últimos 25 años.

—No hemos superado la guerra, nos tiene en receso. Hay muchas cosas por resolver, por investigar, tantas muertes sin esclarecer, la entrega de la tierra. Los verdaderos dueños ya no existen. Aquí se daba: “si usted no me vende, le compro a la viuda”.

***

A los niños los acompañaron con psicólogos y se quedaron a vivir en sus hogares infantiles. La mayoría de las mujeres llegaron analfabetas. La hermana Carolina dice que les enseñaron a leer y escribir.

—Muchas ya son técnicas y algunas profesionales. Estas mujeres eran apéndices de sus maridos. Los hombres las sacaban de sus casas por la pobreza, la mayoría eran menores de 30 años. Los hijos de la primera viuda tienen 25, 26 años.

La hermana Carolina mira de nuevo la fotografía de los niños sonrientes. Solo recuerda que la niña y el niño que está atrás de ella, tal vez tímido, son hermanos, que la primera de 70 casas de madera que transformaron en la Fundación fue la de esa familia. Que luego hicieron 336 casas con materiales de construcción.

En las paredes de su oficina hay un cristo de hierro marrón, una virgen con su hijo en una ventana, la foto de los niños sonrientes, un cuadro gigante con decenas de fotos de niños, familias, bebés, sonrisas, casas, mamás. Estas fotos y un archivo gigante que la hermana conserva en el segundo piso de la Fundación conforman el archivo de Compartir, uno de los 2043 archivos que el CNMH ha identificado en el país.

Esta mujer de 77 años  nació en Betania, “la capital mundial de la música guasca”, dice que no le gusta “la música metallica, pero hay reguetones buenos”. En enero cumplirá cinco lustros viviendo en Urabá. Dice que quiere encontrar a los niños que ya no son niños y que sonríen en la primera foto que tomó. Es que no más hace unos días un muchacho fue a visitarla. Él no sabía que Compartir aún existía. Solo quería decirle que se va a graduar de la universidad, que es un hijo de Compartir. También otro muchacho que ahora es jefe de sistemas de la Fundación; otro que es concejal de Apartadó.

—Compartir es el comienzo de una esperanza nueva, que no todo está perdido, insiste la hermana, que con la muerte de sus padres no todo estaba perdido. Una de mis grandes satisfacciones a los 77 años es cómo le pude rescatar a la violencia tantos niños que pudieron superar el vocabulario de que esperaban crecer para matar el asesino de su papá.

Y solo escuchar esa frase es suficiente para entender la vocación que tomó la hermana Carolina.

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Es el nombre que recibe un documental que recoge las memorias de las masacres ocurridas en las fincas bananeras de Osaka y Cuna del municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño. Una pieza audiovisual en clave de resistencia de los sobrevivientes y las familias de las víctimas en esta región de Colombia.

Por: Daniel Valencia para el CNMH

Entre bananeras se escuchan voces que insisten en lo mismo: “El Urabá es más que sangre y dolor”, “más que malas noticias”, “aquí hay gente buena”, “no todo ha sido guerra”, “este es el paraíso”, “el territorio de los mil colores”, “la mejor esquina de América”. Cuando se llega a Carepa, municipio de Urabá, lo primero que impresiona es su paisaje: un mar de plátano y banano hasta donde alcanza la vista, y más allá. Después están los frescos y largos túneles verdes formados por árboles en la carretera y la mezcla de su diversidad cultural: se está en Antioquia y se respira el Caribe. Esto sumado a las voces de los carapenses, que claman por la verdad y la paz, es lo que los invitamos a preciar en el documental Memorias que renacen del municipio de Carepa, realizado por el Grupo de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con la Alcaldía Municipal de la región y víctimas representantes de diferentes hechos victimizantes.

Su posición privilegiada en el Golfo de Urabá y la conexión que tiene con el océano Atlántico, el río Atrato, la zona selvática, las montañas y la frontera con Panamá lo hacen atractivo para el comercio de exportación y, al mismo tiempo, para los grupos armados como las guerrillas de las FARC y el EPL, los paramilitares de los Castaño, unificados bajo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuya expansión de armada provocó el incremento de homicidios en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Mientras las guerrillas mataban a administradores de fincas, los paramilitares masacraban a trabajadores y sindicalistas.

uraba * Trabajador de la finca bananera Zulemar en el municipio de Carepa. Foto: Camilo Ara/CNMH

“En Zungo ‘veloriaban’ a los muertos las familias solas. Los vecinos no podían acompañarlos por temor al señalamiento”, dice el testimonio de uno de los sobrevivientes en el documental. En medio de la cruenta disputa histórica del control de la zona para el narcotráfico y el arsenal de armas utilizadas, los lugareños son los que han sufrido las peores consecuencias y han sido victimizados por todos los actores armados que los señalaban unas veces como guerrilleros, otras como colaboradores de los paramilitares o las Fuerzas Militares. En todo caso aun hoy pesa sobre la región un estigma de “Zona Roja” o zona de violencia, y si bien es cierto que los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), que allí operan, someten a la población a su poder, mientras sus habitantes resisten y luchan para dejar atrás los estigmas, reconstruir sus memorias y mejorar las condiciones para todos.

Es el nombre que recibe un documental que recoge las memorias de las masacres ocurridas en las fincas bananeras de Osaka y Cuna del municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño. Una pieza audiovisual en clave de resistencia de los sobrevivientes y las familias de las víctimas en esta región de Colombia.

Por: Daniel Valencia para el CNMH

Entre bananeras se escuchan voces que insisten en lo mismo: “El Urabá es más que sangre y dolor”, “más que malas noticias”, “aquí hay gente buena”, “no todo ha sido guerra”, “este es el paraíso”, “el territorio de los mil colores”, “la mejor esquina de América”. Cuando se llega a Carepa, municipio de Urabá, lo primero que impresiona es su paisaje: un mar de plátano y banano hasta donde alcanza la vista, y más allá. Después están los frescos y largos túneles verdes formados por árboles en la carretera y la mezcla de su diversidad cultural: se está en Antioquia y se respira el Caribe. Esto sumado a las voces de los carapenses, que claman por la verdad y la paz, es lo que los invitamos a preciar en el documental Memorias que renacen del municipio de Carepa, realizado por el Grupo de Iniciativas de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con la Alcaldía Municipal de la región y víctimas representantes de diferentes hechos victimizantes.

Su posición privilegiada en el Golfo de Urabá y la conexión que tiene con el océano Atlántico, el río Atrato, la zona selvática, las montañas y la frontera con Panamá lo hacen atractivo para el comercio de exportación y, al mismo tiempo, para los grupos armados como las guerrillas de las FARC y el EPL, los paramilitares de los Castaño, unificados bajo las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuya expansión de armada provocó el incremento de homicidios en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Mientras las guerrillas mataban a administradores de fincas, los paramilitares masacraban a trabajadores y sindicalistas.

uraba * Trabajador de la finca bananera Zulemar en el municipio de Carepa. Foto: Camilo Ara/CNMH

“En Zungo ‘veloriaban’ a los muertos las familias solas. Los vecinos no podían acompañarlos por temor al señalamiento”, dice el testimonio de uno de los sobrevivientes en el documental. En medio de la cruenta disputa histórica del control de la zona para el narcotráfico y el arsenal de armas utilizadas, los lugareños son los que han sufrido las peores consecuencias y han sido victimizados por todos los actores armados que los señalaban unas veces como guerrilleros, otras como colaboradores de los paramilitares o las Fuerzas Militares. En todo caso aun hoy pesa sobre la región un estigma de “Zona Roja” o zona de violencia, y si bien es cierto que los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), que allí operan, someten a la población a su poder, mientras sus habitantes resisten y luchan para dejar atrás los estigmas, reconstruir sus memorias y mejorar las condiciones para todos.

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