La Ley 1424 de 2010 encargó al Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad, aplicar un mecanismo no judicial de contribución a la verdad para los desmovilizados de los grupos paramilitares, un requisito indispensable para la obtención de los beneficios jurídicos. El Centro ha acopiado, sistematizado y analizado 13.757 testimonios, superando la meta de cuatrienio proyectada en 13.000 testimonios (2015-2018)

Por: Reina Lucía Valencia V. Dirección de Acuerdos del CNMH

Entre los años 2003 y 2006 se desmovilizaron, colectiva e individualmente, 35.317 combatientes paramilitares en el marco de la negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De estos, 4.588 paramilitares fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

Sin embargo, la situación jurídica de los llamados “paramilitares rasos” generó la necesidad de un marco jurídico adicional, el cual se desarrolló por medio de la Ley 1424 de 2010, por la que se dictaron disposiciones de justicia transicional para conceder beneficios jurídicos a dichos excombatientes, condicionados a su contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

La Ley 1424 de 2010 busca cumplir dos objetivos esenciales: la reintegración de las personas desmovilizadas a la sociedad a cargo de la Agencia Nacional para la Reintegración y la Normalización (ARN) y la contribución a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, dentro del mecanismo no judicial de contribución a la verdad diseñado e implementado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV).

Las garantías jurídicas que brinda la Ley 1424 para las personas desmovilizadas de las AUC están condicionadas al cumplimiento de unos requisitos: 1) vinculación a la ruta de reintegración 2) prestación de un servicio social en favor de la comunidad  y 3) contribución a la verdad y la memoria histórica. De igual forma, es necesario que, en razón de su participación y permanencia en el grupo paramilitar no hubieran cometido crímenes graves. De esta manera, los jueces podrán concederles el beneficio de la libertad, pero sin suspender el proceso penal ordinario al cual deben estar sometidos.

El mecanismo no judicial de contribución a la verdad

Desde mayo de 2012 la DAV ha sido la responsable de diseñar y aplicar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, llamado Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación. Este acuerdo es un documento de compromiso de cada desmovilizado para garantizar el aporte a la verdad histórica sobre los graves hechos de violencia que configuraron el fenómeno paramilitar y contribuir al proceso de reconciliación nacional. Luego de suscribir dicho acuerdo, el desmovilizado debe suministrar en un documento anexo su información personal y la relacionada con su vinculación al grupo armado. Terminado este proceso, la ARN remite el Acuerdo y su anexo al CNMH para que se dé inicio al proceso no judicial de contribución a la verdad.

La Dirección de Acuerdos del CNMH aplica el mecanismo no judicial, entrevista al desmovilizado, valora su testimonio y certifica su contribución a través de un documento que se entrega al finalizar el proceso de Acuerdos de Contribución a la Verdad. Las certificaciones podrán ser positivas si la contribución entregada por el desmovilizado firmante es significativa; o negativa si no asiste a las citaciones, no realiza las entrevistas o no aporta información coherente y verídica.

Desde la expedición de la Ley 1424 de 2010 hasta Marzo de 2019, la Dirección de Acuerdos del Centro de Memoria ha acopiado, sistematizado y analizado 13.757 testimonios de las personas desmovilizadas, procedentes de los grupos paramilitares, contribuyendo con ello a la construcción de la verdad histórica en el país.

Muestra de este ejercicio de contribución a la verdad, es el siguiente relato, donde un desmovilizado cuenta cómo se realizó un homicidio público en el corregimiento Las Delicias (Tolima), ordenado por alias Chirri. Para sembrar terror y conservar el orden, los paramilitares asesinaban públicamente a sus detractores:

“(…) Entrevistado: Pues en el caserío una vez si se mató a un señor. Eso lo mató el comando Chirri (…) En Delicias. Ese señor si ahí se reunió toda la gente para que se diera cuenta que por qué lo mataban. Un domingo como a la una de tarde, el señor era informante de la guerrilla, subía a Delicias para llevarle información a la guerrilla. Entonces se dieron totalmente cuenta. Entonces (…) se le pidió que se fuera, el comando Juancho le pidió que se fuera y nunca lo hizo y una vez que el comando Juancho estaba en vacaciones aprovecharon el momento para matarlo (…) Delante de todo el caserío para que se dieran cuenta de que lo que hablábamos no era [mentira] (…) pues muchas veces la gente por lo que (…) Juancho era una persona que no mataba a nadie, solo que se fuera la persona. Entonces, eso lo hicieron fue como para darle miedo a la gente, matar al señor delante de todo el mundo, que por qué lo mataron, porque era informante. Eso siempre se escuchó. Y entonces ya cuando el comando Juancho llego de vacaciones, eso fue el problema más tenaz (…)” (CNMH, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2013, 10 de octubre).

 


 

* Relato contenido en el informe De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC), el primero de la serie: Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, realizado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Página 291.

En la aplicación de este mecanismo no judicial, los desmovilizados, además de referenciar los hechos de violencia, algunos también reflexionan sobre su participación en el grupo armado y contribuyen con sus testimonios a reparar a las víctimas y a la sociedad en general.

Entrevistador: ¿Usted, pues ya que hace parte de un proceso en el que ya lleva varios años, cómo ha pensado o cómo cree que podría aportar a la reparación de las víctimas del conflicto armado?

Entrevistado: O sea, yo digo que en mi manera… Yo digo que contando la experiencia que viví a las personas que les interese, de que nosotros terminamos ahí siendo títeres de unos comandantes superiores a nosotros de que [sic] terminaron lucrándose ellos y haciéndonos hacer cosas que no fue la educación que nos dieron a nosotros, o sea, yo diría que como incentivando a la gente de que ese no es el camino que se quiere para lograr una paz; es todo lo contrario. Porque la guerra no se acaba con guerra, la guerra con guerra se perpetra en más guerra.» (CNMH, persona desmovilizada, entrevista, Acuerdos de la Verdad, 2014, 1 de octubre)

Conjugar la verdad para la elaboración de los informes de memoria histórica

En este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, la DAV ha conjugado los testimonios recibidos por la población desmovilizada de los grupos paramilitares con las contribuciones entregadas voluntariamente por otras personas, organizaciones e instituciones interesadas en este proceso. Este contraste de información se complementa con el uso de fuentes secundarias, fundamentales para la elaboración de los informes que buscan reconstruir la memoria histórica de lo sucedido en cada uno de los grupos o estructuras paramilitares y garantizar el derecho a la verdad,  dando cuenta de los logros del mecanismo no judicial implementado. Hasta la fecha la DAV ha producido 13 informes, los cuales pueden ser consultados en la página Web del Centro.

Publicado en Noticias CNMH

la palizuaLa Palizúa es el nombre de una comunidad campesina ubicada en territorio de tres municipios del departamento de Magdalena: Chibolo, Sabanas de San Ángel y Plato. Desde la década de 1980 este sector rural agrupa diversas parcelas de campesinos y campesinas que ingresaron en busca de un pedazo de tierra para trabajar, vivir y tener un futuro mejor. Ellos y ellas denominaron “La Palizúa” a la agrupación de los cinco inmuebles de mayor extensión llamados Santa Martica, La Boquilla, Las Planadas, Mulas Altamacera y El Mulero.

Aunque desde entonces la población campesina inició gestiones ante el Incora para la titulación de las tierras, la mayoría de sus procesos de adjudicación nunca concluyeron. Así, en la década de 1990, surgió un escenario propicio para que el accionar paramilitar dirigido por alias Jorge 40 y otros mandos medios tomaran posesión violenta de estos territorios, lo que obligó, en agosto de 1997, al desplazamiento forzado de hombres y mujeres, y con ello a la desintegración de una comunidad y su proyecto colectivo.

Publicado en Publicaciones 2018

Hace 21 años, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, la violencia paramilitar se instaló en los Llanos Orientales creando un fenómeno de terror entre la población. La masacre de Mapiripán, Meta, fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una de las consecuencias más atroces de la guerra. Hoy en día sus sobrevivientes quieren que se construya una casa de la memoria que cuente la historia de los que ya no están.

Laura Cerón para el CNMH

Eran las cuatro de la mañana del 17 de julio de 2018 y en Villavicencio, Meta, no había un rayo de luz en el cielo. 18 personas, entre ellas niños y niñas, se encontraron en la Plaza de la Gobernación, donde los esperaban dos camionetas 4x4. Empacaron sus maletas y la comida necesaria para empezar un recorrido que terminaría 10 horas después entre carreteras malhechas y trochas embarradas. Recorrieron toda la sabana oriental, les tocó atravesar  nadando cauces del Río Guaviare mientras los carros intentaban atravesar el lodo de forma heroica, todo esto para poder regresar a Mapiripán, ese municipio donde asesinaron y desaparecieron a sus familiares hace 21 años.

Llegar a Mapiripán es encontrarse rodeado por llanura amplia y vacía, que hace contraste con los cientos de hectáreas sembradas de monocultivos de palma que lindan a la orilla del Río Guaviare, el cual divide con sus aguas la Orinoquía de la Amazonía. Allí, hace más de 30 años, se reunían pesqueros, comerciantes y compradores a intercambiar y vender productos. Mapiripán era un pequeño puerto en el que indígenas y colonos podían intercambiar maíz, cacao, arroz, plátano, yuca y pescado.

Los viajeros salieron de los carros, mojados, se instalaron en el hotel y una vez bañados se dirigieron con la tenacidad suficiente hasta la alcaldía del municipio. El calor se mezclaba con un aire denso por los árboles del parque principal. “Venimos para hablar sobre la casa de la memoria”, le dijo, al alcalde sustituto del municipio, Marina Sanmiguel, lideresa de la Corporación Voces que Trascienden y víctima tras el asesinato de su esposo José Rolan Valencia, en la masacre de Mapiripán.

La casa de memoria

Pensar en crear una casa de la memoria en el municipio no es fácil. Su origen parte de una de las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció al fallar a favor de las víctimas por los hechos ocurridos en la masacre entre el 15 y 20 de julio del año 1997, cuando un grupo de paramilitares  de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), viajó desde el Urabá hasta San José del Guaviare y asesinó a 50 personas.

A pesar de que la orden del CIDH  falló en el año 2005, la idea de construir la casa de memoria se le ocurrió a Marina en 2016. “Como la Sentencia ordena construir un monumento, nosotros pasamos la propuesta a Cancillería que no fuera un monumento estático que no le sirviera a la comunidad. Con la cuestión del monumento, “El puño”, que se colocó, hemos tenido varios problema con la gente”, afirma Marina.

“El puño” fue instalado en 2009, en medio de uno de los periodos más álgidos y violentos por la presencia paramilitar en la región. Era grande, de tres metros de alto y su estructura mostraba un puño cerrado de color dorado. Su creador fue el artista bogotano Luis Alfredo Castañeda y la instalación se realizó en medio de una gran caravana, en la que se hizo el retorno simbólico de más de 450 personas al municipio. “El puño” fue ubicado en la entrada del pueblo, pero el año pasado, 2017, los habitantes lo encontraron totalmente destruido.

En la denuncia pública hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez Casas, defensor de Derechos Humanos y representante de víctimas de la masacre de Mapiripán, recordó que este había sido instalado por las mismas organizaciones de víctimas de la región y solicitó que se reconociera públicamente a los responsables, pero, al día de hoy, nada ha ocurrido.

En reuniones anteriores, Marina y las demás víctimas que hacen parte de las organizaciones de víctimas habían logrado concertar un lugar para la construcción de la casa de la memoria. “Nos quieren ubicar un lote que queda a la orilla del río y dentro de unos años ese terreno se lo lleva el agua. Cerca del lote queda el comedor de los abuelos y a ellos ya los reubicaron porque la casa el río se la llevó casi toda”, dice Marina.

En efecto ya habían pensado en varios lugares. El que más les llama la atención es el antiguo colegio del municipio. El lote cuenta con 5 salones amplios que ahora están abandonados. Algunas familias desplazadas provenientes del Guaviare se han asentado ahí al no tener otro lugar a donde ir.

El 18 de julio en la madrugada, la caravana que viajó desde Villavicencio instaló en  el polideportivo del municipio una galería de la memoria, fotos de sus seres queridos asesinados y desaparecidos, como símbolo y antídoto contra el olvido.

Después de una oración por las personas que vivieron la violencia paramilitar en la zona, comenzó un recorrido hasta el cementerio municipal. Allí Viviana Barrera, lideresa y víctima de la masacre, colocó un letrero que decía: “Padre, aquí estoy con tus nietas y más acompañantes conmemorando tus 21 años de muerto. En nuestras mentes siempre vives. Te amamos”.

En medio del sol caminaron hasta el antiguo colegio para poder distinguir el estado de la infraestructura. Sin embargo, a pesar de la voluntad que exista para construir la casa, quedan muchas preguntas: ¿Quién administraría el lugar?, ¿quién financia su construcción?, ¿qué rol van a cumplir las víctimas en el diseño y construcción de los relatos?

Son muchas las esperanzas puestas sobre este proyecto, pues significa darle la oportunidad de crecer y mejorar a un lugar en el que todavía se viven hostigamientos por parte de grupos paramilitares contra la población. “Nosotros le solicitamos al alcalde que nos dé un buen predio, que eso no es para nosotras sino para el pueblo. La construcción de la casa es importante para acordarnos de toda la violencia que vivimos, para que no se nos olvide”, expresa Marina.

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