portada masacre el tigreEl 9 de enero de 1999 unos 150 paramilitares irrumpieron en este poblado del Bajo Putumayo, acabaron con la vida de por lo menos 28 personas y desplazaron otras decenas. Veinte años después, la comunidad se dio cita para honrar a sus muertos y resignificar los lugares en los que ocurrieron los hechos.

La noche del 9 de enero de 1999 los paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), partieron en dos la historia de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo. Unos 150 hombres irrumpieron de forma violenta y cruda en este poblado, ubicado en el municipio Valle del Guamuéz, asegurando que se trataba de un “pueblo guerrillero”.

Los paramilitares entraron disparando y quemando todo lo que encontraron a su paso. Por lo menos 28 personas fueron asesinadas y otras decenas, desplazadas. La racha de violencia quedó impregnada en varios lugares emblemáticos para la población: el río, el puente, la salida del pueblo, las casas.

El lunes pasado, 20 años después de este hecho, la comunidad y amigas y amigos de El Tigre se reunieron para honrar la vida de cada una de las personas que perdieron la vida; para solidarizarse con sus familiares, que aún cargan con ese dolor; y para recordar lo que nunca jamás puede volver a ocurrir.

masacre el tigre2 * La comunidad de El Tigre resistió cinco años de dominio paramilitar y, dicen sus habitantes, ese enorme desafío los hizo una comunidad más fuerte y organizada. - Fotografía: Cortesía

La cita fue en el puente principal, desde donde fueron lanzados la mayoría de los cuerpos sin vida. La comunidad de El Tigre quería resignificar este espacio, por esto se unieron en una meditación colectiva amenizada por el sonido de los cuencos de cuarzo. “Aunque la muerte vino y a sus anchas quiso andar, a la esperanza no pudo encontrar”, reza en un cartel ubicado junto al río

La represión y violencia contra esta población no terminó con la masacre del 9 de enero de 1999. Entre los años 2001 y 2006 este mismo bloque paramilitar, adscrito al Bloque Central Bolívar de las AUC, se expandió por las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) estableciendo un control territorial permanente, y ejerciendo un dominio social, económico y político en la región.

La masacre, y la posterior ocupación paramilitar de la zona, no sólo afectaron la economía y las dinámicas sociales de los habitantes de El Tigre, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan este sector.

Por esto, el encuentro del pasado lunes 9 de enero del 2019, también tenía el fin de abrazar y aplaudir todos los actos de valentía que les han permitido levantar un Tigre más fuerte, organizado y emprendedor. “El Tigre es un territorio vivo que escucha y siente, donde nos quedamos para sembrar la paz que vivimos. Como comunidad recuperamos la palabra; salimos a extendernos la mano; retornamos con fervor al río y al puente”, dice en otro cartel ubicado cerca al río.

Descargue aquí el informe “Masacre de El Tigre: Un silencio que encontró su voz”.

Publicado en Noticias CNMH
  • portada informe violencia paramilitarportada violencia paramilitar en la altillanura2El CNMH presenta este 11 de diciembre en Puerto Gaitán (Meta), el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, el tercero sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares.
  • La “limpieza” o exterminio social, afectó al 61% de las víctimas, seguida de los homicidios selectivos y la desaparición forzada.

El principal repertorio de violencia que utilizaron los paramilitares en Meta y Vichada, en los 15 años que estuvieron instalados en estas regiones, fue la “limpieza social” (exterminio social), con el 61% de las víctimas afectadas. Luego están los homicidios selectivos (39%), la desaparición forzada (37%), la tortura (22%), las lesiones personales (10%), la violencia sexual (6%) y el secuestro (6%). Detrás de todas estas formas de violencia, la táctica era la intimidación de la población civil, con el objetivo de instaurar un orden paramilitar que les permitiera controlar el territorio y a la población.

Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, que se lanza este martes 11 de diciembre en la vereda Planas de Puerto Gaitán, y este miércoles 12 de diciembre en Villavicencio.  Esta es la tercera entrega de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) actuaron en la región de la Altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; y Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo en el Vichada, entre 1990 y 2005. Durante ese tiempo, este grupo cometió un importante número de victimizaciones contra la población civil, relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El informe sobre las ACMV establece la estructura, los hechos, las circunstancias y las actuaciones de este grupo paramilitar, a partir del seguimiento de su trayectoria en términos de expansión territorial y de sus relaciones e impactos sobre la población y diversos actores sociales, políticos, institucionales y territoriales.

El accionar del grupo, bajo el discurso de combatir la guerrilla, implicó el estigma y el ataque permanente hacia ciertos sectores de la población. Los ataques sistemáticos del grupo paramilitar contra quienes transgredían su control y pretendido orden social, se enfocaron en personas que se resistían abiertamente a sus imposiciones, discriminando especialmente a mujeres, población LGTB, niños, niñas, adolescentes e indígenas. Esto ocasionó múltiples afectaciones, entre ellas el debilitamiento de las expresiones organizativas y políticas de la población civil.  

La Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH recopiló los relatos y las voces de personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas del Bloque Calima y otros grupos paramilitares, quienes firmaron los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010, que busca diseñar e implementar un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

Este mecanismo incluye la elaboración de informes de memoria referidos al conflicto armado, la violencia paramilitar desplegada en los territorios y los daños y afectaciones causadas a las víctimas. Estos también contienen testimonios de las víctimas y de otras voces como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron sobre las situaciones y hechos tratados.

Programación de los eventos de lanzamiento del informe La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada: 

  • 11 de diciembre: Vereda Planas, Puerto Gaitán.
  • 12 de diciembre: Villavicencio, auditorio Jaime Garzón, Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos. (Calle 37 Nº 41 -02)

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  • El CNMH lanzará en Bogotá, Tibú, Ocaña y Cúcuta el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, un recorrido por la violencia que ha vivido esta región de Norte de Santander, desde la llegada de los españoles al territorio barí hasta la dominación de los grupos armados ilegales que persiste.
  • Entre 1999 y 2006, con la entrada de tres estructuras paramilitares, la región vivió una violencia sin precedentes: casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.
  • La violencia, el abandono estatal y la pobreza hicieron que el cultivo de coca fuera una posibilidad de sustento para los campesinos, y eso los llevó a ser objetivo de políticas de lucha contra las drogas poco efectivas.
  • A pesar de todo, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado para exigir mejores condiciones de vida.

Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.

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