Un 10 de julio de hace 15 años las Farc mataron a siete campesinos en San Carlos, Antioquia. Esa fue solo una de las 33 masacres que guerrilleros y paramilitares cometieron en menos de una década en ese municipio.

Después de casi tres años de total abandono, el corregimiento Samaná, en San Carlos, Antioquia, volvió a ser habitado a principios de 2004. Unas 70 personas, que habían huido de sus tierras por culpa de la violencia, creyeron que ya era seguro retornar. Pero no fue así: el 10 de julio, cinco meses luego de su regreso, siete campesinos fueron masacrados por guerrilleros del frente IX de las Farc.

“Se llevaron a todos los hombres, a las mujeres no, y dijeron que si nos poníamos a hacer mucho escándalo que nos mataban a todos por parejo... pero mataron fue a los hombres, que porque estaban cultivando, estaban trabajando en las tierras…”, nos contó una mujer durante la investigación de nuestro informe San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra. El miedo forzó a desplazarse a 413 personas.

Ese municipio del oriente antioqueño, ubicado en la zona de embalses que produce una tercera parte de la energía del país, tiene una larga historia de sangre derramada: solo entre 1998 y 2005, los sancarlitanos fueron víctimas de 33 masacres, que dejaron 205 muertos. De esas, 23 fueron cometidas por paramilitares, 6 por las Farc y las demás por grupos sin identificar. Además, en ese mismo periodo, hubo 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desapariciones forzadas y 78 de minas antipersonal.

Te invitamos a conocer más acerca del informe "San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra"

Hasta antes de 1998, los habitantes de San Carlos recuerdan la presencia cotidiana de las guerrillas: dormían en sus casas, les pedían comida, les robaban animales. Pero la situación empezó a complicarse tras la llegada de los paramilitares en 1999. La guerrilla, que se sintió acosada, empezó a aumentar los retenes, los robos, las minas, los secuestros, las amenazas y los asesinatos selectivos. Y los paramilitares, para desplazar a la guerrilla e implantarse en el territorio, expusieron también su peor repertorio violento.

En nuestro informe explicamos que las masacres fueron parte esencial de la guerra en San Carlos por tres razones. Primero, por su intensidad y persistencia: muchas en muy poco tiempo. Segundo, por el exceso de violencia, la crueldad y en algunos casos la sevicia. Y tercero, por su potencial comunicativo para amplificar el terror. También identificamos tres tipos de masacres: en las que los habitantes fueron convocados y luego asesinados en público, en las que los armados recorrieron rutas del terror por varias veredas y en las que los victimarios instalaron retenes y “lista en mano” buscaron a sus víctimas.

Para los paramilitares, dice la investigación, se trataba de romper lazos sociales y “demostrarle a la población local la incapacidad de la guerrilla para protegerlos y la vulnerabilidad del territorio bajo su control”. Mientras que para la guerrilla las masacres “eran estrategias militares decididas y pensadas como retaliación frente a acciones de los paramilitares”.

La población civil, de poco más de 25 mil habitantes, quedó en medio de esa disputa, en una época recordada por las víctimas como “la guerra total”. Fue tan grave que, según cifras del Registro Único de Víctimas, casi 18 mil personas se desplazaron entre 1998 y 2005. “El desplazamiento fue una estrategia directa que los diferentes grupos armados emplearon para generar el desalojo y obtener el control de territorios con alto valor geoestratégico en el marco de la confrontación armada, o para desterrar a quienes consideraban enemigos directos o colaboradores del bando contrario”, explicamos en el informe.

Te invitamos a conocer el documental "Memorias del éxodo en la guerra"

Ante la devastación del territorio, el exterminio del movimiento cívico y la violencia contra líderes y personas del común, los habitantes de San Carlos buscaron formas individuales y colectivas para resistir o sobrellevar el dominio de los grupos armados: usar los espacios a horas determinadas, adoptar lenguajes cifrados para comunicarse, acudir a su tradición religiosa, no entregar las escuelas a los armados, tratar de negociar con sus victimarios y hasta conformar grupos para enfrentarlos directamente.

También, a medida que pudieron retornar, crearon iniciativas de memoria histórica y reconstrucción del tejido social. Una de las más importantes fue el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), un lugar de memoria que la comunidad creó en 2008 en un edificio que había sido usado por paramilitares y narcotraficantes. A ese lugar se le suman otras iniciativas, como jardines de memoria o mingas muralistas, con las que los habitantes de San Carlos le apuestan a comprender y resignificar lo que pasó en la guerra.

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En el Día de las Manos Rojas, iniciativa mundial contra el reclutamiento forzado de menores, hablamos con el director de la asociación Benposta, quien advierte que este flagelo no es un tema del pasado. Campo señala, además, que “defender la escuela es defender la vida”.

Juan Pablo Esterilla

“La escuela es fundamental para que los niños y niñas no se vinculen a actores armados. Dejar la escuela es el indicador de riesgo más alto para ser víctima de reclutamiento forzado, o para sufrir explotación sexual o laboral”, dice José Luis Campo, director de Benposta: Nación de Muchachos Colombia, una asociación que lleva 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes. “Defender la escuela es defender la vida”, continúa José Luis en esta entrevista que le hicimos a propósito del Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que se celebra este 12 de febrero.

En 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.

Aunque gracias al acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno cientos de niñas, niños y adolescentes dejaron de escribir sus historias de vida en la guerra, hoy el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y organizaciones de derechos humanos, vienen advirtiendo que la guerrilla del ELN es una de las principales amenazas para los menores de edad.

¿Qué explica que un niño, niña o adolescente termine en las filas de un grupo armado?

Quienes terminan haciendo parte de grupos armados son niños, niñas y adolescentes que tienen historias marcadas por la vulneración de derechos. ¿Qué manifiestan ellos? “Nosotros entramos a la guerra no porque quisiéramos, sino porque éramos victimas en nuestras familias y territorios”. Son víctimas de situaciones estructurales: pobreza, inequidad, falta de oportunidades…

Generalmente se cree que el reclutamiento es bajo la fuerza, pero en Colombia suele ser voluntario (por persuasión) y se ejerce casi como un grito de auxilio ante las condiciones de degradación, de abandono. El grupo armado se visualiza, en muchos casos, como un elemento de salvación. Por supuesto, luego los niños, niñas y adolescentes viven en la guerra situaciones que no imaginaban. Se dan cuenta de que se les vulneran sus derechos fundamentales y los obligan a asumir un rol de guerrero que no les corresponde.

En los últimos 15 años ustedes han trabajado por prevenir el reclutamiento forzado, y por construir “redes de entornos protectores”, en regiones como Buenaventura (Valle), Mesetas y Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). En esos lugares, ¿el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad latente para los niños, niñas y adolescentes?

Teníamos la confianza, como miembros de la Coalición contra la violencia de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que participó en la mesa de diálogos (de paz entre el Gobierno y las FARC), de que con la implementación llegaran las condiciones de bienestar que las comunidades de regiones apartadas del país han pedido durante años. En todas esas regiones lamentablemente no se ha dado lo que esperábamos. No hay oferta de salud, de educación, de cultura…

La realidad es que continúa fuerte la oferta de la guerra. Nunca habíamos visto en el Catatumbo, por ejemplo, tanto riesgo de reclutamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solo entendiendo el reclutamiento como el ingreso formal del niño, sino también como su participación en el marco del conflicto bajo el control de un actor armado.

¿Por qué dice eso? ¿Qué está pasando en esos lugares?

Por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el EPL ha desconocido escenarios protegidos. En febrero del año pasado la escuela de Filo Gringo, en el Catatumbo, estuvo entre fuego cruzado. A partir de ahí, con la Diócesis se señalizó el colegio como entorno protector con signos internacionales, banderas blancas. Defender la escuela es defender la vida.

También el año pasado en la comuna 12 de Buenaventura, en medio de una actividad cultural, hubo un enfrentamiento al lado de la escuela. Y la Secretaría de Educación de ese municipio, decretó en noviembre pasado el cierre de todos los colegios públicos por una semana. Es cierto que no hay ataques directos contra las escuelas, pero los contextos que se están dando hacen que haya altas probabilidades de deserción.

Finalmente, hay una dificultad en Teorama y San Calixto, Alto Catatumbo: las minas antipersona. En estas zonas los niños y niñas caminan en muchos casos más de una hora para acudir a la escuela, y para ellos está latente la posibilidad de encontrarse en el camino con grupos armados, o verse afectados por minas.

¿Qué balance puede hacer del programa de inserción social que propuso el acuerdo de paz para niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC?

Ha sido difícil el monitoreo al programa por compromisos de confidencialidad. No obstante, antes de que terminara el mandato de Santos, Paula Gaviria, entonces Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, presentó un informe en el que aseguró que el 80% de los desvinculados ya vivía con sus familias y comunidades. Para mí es problemático que al cabo de tres meses (que era el tiempo que había corrido cuando Gaviria hizo este anuncio) los niños, niñas y adolescentes ya hubieran dejado los centros transitorios, pues en muchos casos las condiciones estructurales de sus familias y entornos seguían siendo las mismas que los obligaron a salir. Es una revictimización porque están viviendo de nuevo con elementos expulsores. Generalmente sus familias no forman parte de su proyecto de vida.

Me da la impresión de que el Gobierno está trabajando mucho a través de procesos individuales de apoyo, pero no de acompañamiento integral y colectivo. No hay un acompañamiento fuerte para, por ejemplo, generar ingresos. Y eso afecta su proceso de construcción de proyecto de vida e implica un riesgo altísimo pues, repito, no están haciendo su proceso de inserción social en contextos de paz.

¿Usted cree que hoy existe más consciencia sobre la necesidad de prevenir el reclutamiento forzado?

Hoy en día hay una gran sensibilidad en las regiones sobre el tema de los derechos de niños y niñas. Hay una conciencia de que hay que recuperar la escuela como entorno protector, de que hay disminuir la deserción. Celebro las propuestas de acción colectiva, la construcción de capacidades locales que están haciendo los movimientos sociales en los territorios.

Me preocupa que en los medios de comunicación el tema esté enfocado en la responsabilidad de los comandantes guerrilleros, lo cual se entiende porque este es un delito no indultable. Pero creo que el tema debería discutirse más allá de la búsqueda por la judicialización de los responsables.

Descargue aquí el informe “Una guerra sin edad”.

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portada masacre el tigreEl 9 de enero de 1999 unos 150 paramilitares irrumpieron en este poblado del Bajo Putumayo, acabaron con la vida de por lo menos 28 personas y desplazaron otras decenas. Veinte años después, la comunidad se dio cita para honrar a sus muertos y resignificar los lugares en los que ocurrieron los hechos.

La noche del 9 de enero de 1999 los paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), partieron en dos la historia de la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo. Unos 150 hombres irrumpieron de forma violenta y cruda en este poblado, ubicado en el municipio Valle del Guamuéz, asegurando que se trataba de un “pueblo guerrillero”.

Los paramilitares entraron disparando y quemando todo lo que encontraron a su paso. Por lo menos 28 personas fueron asesinadas y otras decenas, desplazadas. La racha de violencia quedó impregnada en varios lugares emblemáticos para la población: el río, el puente, la salida del pueblo, las casas.

El lunes pasado, 20 años después de este hecho, la comunidad y amigas y amigos de El Tigre se reunieron para honrar la vida de cada una de las personas que perdieron la vida; para solidarizarse con sus familiares, que aún cargan con ese dolor; y para recordar lo que nunca jamás puede volver a ocurrir.

masacre el tigre2 * La comunidad de El Tigre resistió cinco años de dominio paramilitar y, dicen sus habitantes, ese enorme desafío los hizo una comunidad más fuerte y organizada. - Fotografía: Cortesía

La cita fue en el puente principal, desde donde fueron lanzados la mayoría de los cuerpos sin vida. La comunidad de El Tigre quería resignificar este espacio, por esto se unieron en una meditación colectiva amenizada por el sonido de los cuencos de cuarzo. “Aunque la muerte vino y a sus anchas quiso andar, a la esperanza no pudo encontrar”, reza en un cartel ubicado junto al río

La represión y violencia contra esta población no terminó con la masacre del 9 de enero de 1999. Entre los años 2001 y 2006 este mismo bloque paramilitar, adscrito al Bloque Central Bolívar de las AUC, se expandió por las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) estableciendo un control territorial permanente, y ejerciendo un dominio social, económico y político en la región.

La masacre, y la posterior ocupación paramilitar de la zona, no sólo afectaron la economía y las dinámicas sociales de los habitantes de El Tigre, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan este sector.

Por esto, el encuentro del pasado lunes 9 de enero del 2019, también tenía el fin de abrazar y aplaudir todos los actos de valentía que les han permitido levantar un Tigre más fuerte, organizado y emprendedor. “El Tigre es un territorio vivo que escucha y siente, donde nos quedamos para sembrar la paz que vivimos. Como comunidad recuperamos la palabra; salimos a extendernos la mano; retornamos con fervor al río y al puente”, dice en otro cartel ubicado cerca al río.

Descargue aquí el informe “Masacre de El Tigre: Un silencio que encontró su voz”.

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  • portada informe violencia paramilitarportada violencia paramilitar en la altillanura2El CNMH presenta este 11 de diciembre en Puerto Gaitán (Meta), el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, el tercero sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares.
  • La “limpieza” o exterminio social, afectó al 61% de las víctimas, seguida de los homicidios selectivos y la desaparición forzada.

El principal repertorio de violencia que utilizaron los paramilitares en Meta y Vichada, en los 15 años que estuvieron instalados en estas regiones, fue la “limpieza social” (exterminio social), con el 61% de las víctimas afectadas. Luego están los homicidios selectivos (39%), la desaparición forzada (37%), la tortura (22%), las lesiones personales (10%), la violencia sexual (6%) y el secuestro (6%). Detrás de todas estas formas de violencia, la táctica era la intimidación de la población civil, con el objetivo de instaurar un orden paramilitar que les permitiera controlar el territorio y a la población.

Estas son algunas de las principales conclusiones a las que llegó el informe “Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada”, que se lanza este martes 11 de diciembre en la vereda Planas de Puerto Gaitán, y este miércoles 12 de diciembre en Villavicencio.  Esta es la tercera entrega de la serie “Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones”, de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) actuaron en la región de la Altillanura de los Llanos Orientales, particularmente en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta; y Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo en el Vichada, entre 1990 y 2005. Durante ese tiempo, este grupo cometió un importante número de victimizaciones contra la población civil, relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El informe sobre las ACMV establece la estructura, los hechos, las circunstancias y las actuaciones de este grupo paramilitar, a partir del seguimiento de su trayectoria en términos de expansión territorial y de sus relaciones e impactos sobre la población y diversos actores sociales, políticos, institucionales y territoriales.

El accionar del grupo, bajo el discurso de combatir la guerrilla, implicó el estigma y el ataque permanente hacia ciertos sectores de la población. Los ataques sistemáticos del grupo paramilitar contra quienes transgredían su control y pretendido orden social, se enfocaron en personas que se resistían abiertamente a sus imposiciones, discriminando especialmente a mujeres, población LGTB, niños, niñas, adolescentes e indígenas. Esto ocasionó múltiples afectaciones, entre ellas el debilitamiento de las expresiones organizativas y políticas de la población civil.  

La Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH recopiló los relatos y las voces de personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas del Bloque Calima y otros grupos paramilitares, quienes firmaron los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010, que busca diseñar e implementar un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

Este mecanismo incluye la elaboración de informes de memoria referidos al conflicto armado, la violencia paramilitar desplegada en los territorios y los daños y afectaciones causadas a las víctimas. Estos también contienen testimonios de las víctimas y de otras voces como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron sobre las situaciones y hechos tratados.

Programación de los eventos de lanzamiento del informe La violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada: 

  • 11 de diciembre: Vereda Planas, Puerto Gaitán.
  • 12 de diciembre: Villavicencio, auditorio Jaime Garzón, Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos. (Calle 37 Nº 41 -02)

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  • El CNMH lanzará en Bogotá, Tibú, Ocaña y Cúcuta el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, un recorrido por la violencia que ha vivido esta región de Norte de Santander, desde la llegada de los españoles al territorio barí hasta la dominación de los grupos armados ilegales que persiste.
  • Entre 1999 y 2006, con la entrada de tres estructuras paramilitares, la región vivió una violencia sin precedentes: casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.
  • La violencia, el abandono estatal y la pobreza hicieron que el cultivo de coca fuera una posibilidad de sustento para los campesinos, y eso los llevó a ser objetivo de políticas de lucha contra las drogas poco efectivas.
  • A pesar de todo, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado para exigir mejores condiciones de vida.

Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.

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