Portada nota Rosa Blanca.Con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, este 9 de abril se reunieron representantes de la Corporación Rosa Blanca, una organización que reúne a más de 1.200 mujeres y hombres víctimas de violencia sexual por excombatientes de las Farc, junto a directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en la sede de esta entidad, en Bogotá.

Durante la reunión, además de escuchar los relatos de las víctimas, se expusieron ideas para trabajar conjuntamente en el desarrollo de una iniciativa de memoria que las visibilice. 

La Corporación Rosa Blanca se conformó en diciembre de 2017 con 25 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, durante el reclutamiento infantil que vivieron por parte el la exguerrilla de las Farc. 

Públicamente, Rosa Blanca, ha denunciado ante el Congreso de la República que los delitos sexuales cometidos contra sus integrantes por comandantes y guerrilleros sean sancionados por la Justicia Penal Ordinaria y que no tramitados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Yudi Tovar, fundadora de la Corporación, subrayó que su reclutamiento se dio a los 16 años en el corregimiento de Herrera, Tolima. Durante el año que pasó en las filas de las Farc, añadió, fue víctima de múltiples violaciones por parte de comandantes y guerrilleros. 

Luego de su escape a Bogotá, a los 17 años, decidió volver a organizar su vida y con el tiempo hizo visible su caso a través de la Corporación Rosa Blanca. Sin embargo, al exponer públicamente su historia de vida ha recibido varias amenazas. 

El Informe La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, analizó 277 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. La exguerrilla de las Farc aparece como perpetradora en 37 (13%); una guerrilla sin especificar, en 45 (16,2 %) y un actor armado sin identificar, en 35 (12,6%). 

De igual forma, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El OMCestableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.

que nos escuchen conozcan cada testimonio 01Fotografía: Daniel Sarmiento/CNMH

Como Yudi, las mujeres que pertenecen a la Corporación Rosa Blanca piden que sean escuchadas y que los exguerrilleros acepten que sí cometieron esos crímenes como parte de tranquilidad. “Yo quisiera verlos decir “sí, lo hicimos, le pedimos perdón” porque nosotros no merecíamos eso”, acotó Tovar. 

Como muestra de su compromiso con la construcción de memoria histórica del país, Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), escuchó sus peticiones y recibió un collar hecho con chupos para bebés, como símbolo de los abortos forzados a los que fueron sometidas miles de niñas y mujeres del país. 

Ante esto, Acevedo afirmó que “el CNMH recoge este tipo de símbolos por su alto valor de carácter humanitario”. 

“Debemos contribuir a que el dolor de ustedes cese, sea elborado en un duelo, y la mejor manera es hacerlo a través de la memoria, con ánimo de justicia y verdad”, destacó el director.

Por lo pronto, las víctimas de los crímenes sexuales cometidos por las Farc solo esperan que la sociedad en su conjunto reconozca sus testimonios como un aporte a la verdad. “Que nos escuchen, que conozcan cada testimonio y que se pongan en el lugar de cualquier víctima. De las Farc, o del Estado o de los paramilitares. Ojalá no nos vean como enemigas de la paz. Nosotras la anhelamos, pero con una verdad”, afirmó Tovar.

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Imagínese tener enfrente a su verdugo, quien le causó un daño irreparable a usted y su familia. Sentir el rencor y el odio corriendo por sus venas al ver esa persona, verla caminar impune, como si nada, culpable de los mayores vejámenes, o por el contrario encerrada en una cárcel, sin el más mínimo sentimiento de culpa o arrepentimiento. ¿Usted qué haría?

Por: Jairo Gustavo Sarmiento Sotelo

Ahora imagínese que ese verdugo decide hablar, después de tantos años de sufrimiento e incertidumbre. Decide darle la cara y confesarle qué ocurrió con las personas desaparecidas, el paradero de sus restos óseos y el porqué de estos crímenes. ¿Usted qué haría?

Para aproximarse a este escenario, la película “The forgiven” se remonta a los años posteriores al “Apartheid” y a la labor de la Comisión para la verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Allí, el arzobispo Desmond Tutu, director de esta Comisión, se reúne con un exoficial de la Fuerza de Defensa, quien siendo culpable y testigo demúltiples crímenes de lesa humanidad le escribe una carta al cura desde la cárcel, pidiendo una amnistía a cambio de confesar todo. Sin embargo, el propósito de Piet Blomfield, el ex oficial, no es más que insultar al Padre y recriminarle por su labor, además de vanagloriarse y justificar sus crímenes. Así, transcurren diferentes reuniones entre los dos, hasta que Blomfield, en un suceso inesperado, decide tomar en consideración confesar los hechos.

Hace poco los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y años más tarde asesinados, hablaron en la JEP, manifestaron el alivio que sintieron cuando las FARC les pidió perdón. Sin embargo, exigen que se haga justicia y se sepa la verdad, que los conocedores del secuestro declaren en este caso y señalen quienes están detrás de este crimen. Mientras tanto, el colectivo de las Madres de Soacha ha asistido en repetidas ocasiones a la Comisión de la Verdad a resaltar la importancia de una verdad profunda, que no señale solamente a las instituciones responsables sino a los seres humanos detrás de cada caso.

Ahora más que nunca “The forgiven” es un reflejo de la situación que se vive en Colombia. Esta película nos muestra cómo a las víctimas poco les importa que sus perpetradores estén libres o en la cárcel mientras la verdad no se sepa. Lo que más desean las víctimas es la verdad, en la cara, así duela y desgarre el alma, pero que les quitará una carga de años de incertidumbre y martirio.

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portada 30 anos masacre segoviaLos habitantes de este pueblo antioqueño conmemoraron a las 46 víctimas de la masacre perpetrada por los paramilitares hace tres décadas. Este acto sirvió para recordar al pueblo que alguna vez fue remanso de oro y paz.

A cada persona que entró al auditorio del Museo Casa de la Memoria de Medellín le entregaron un clavel blanco. Las paredes las decoraron con las fotografías de las personas que ya no están porque los desaparecieron o los mataron. En el escenario, un pequeño altar con mantel blanco rodeado de más flores y, sobre el mantel, un listado con los nombres de los 46 hombres y mujeres que asesinaron hace tres décadas en las calles de Segovia, al norte de Antioquia: Pablo, Shirley, Libardo, Jorge, Rosa, Luz, Jesús, Roberto... El listado completo lo leyeron al final del acto.

Se trató de la conmemoración en Medellín de los 30 años de la masacre de Segovia, el pasado 11 de noviembre. Llegaron un poco más de 100 personas para recordar lo que pasó pero, especialmente, para encontrarse. La mayoría pertenece a ASOVISNA (asociación que reúne buena parte de los sobrevivientes y familiares), viven en la capital antioqueña desde hace años y hablan sobre su pueblo como si se tratara del paraíso perdido. Recordaron los familiares muertos, sí, pero a leguas se notaba que la conmemoración también les servía como pretexto para preguntar por familiares, amigos o el hijo “de tal” que se atrevió a regresar al nordeste a trabajar en minería a pesar de continuar como “zona roja” en términos de violencia.

Hubo lágrimas. Hacer la conmemoración de la primera gran masacre de la historia del conflicto armado en Colombia cometida en un casco urbano, también es recordar el miedo y el dolor que ha acompañado a los sobrevivientes durante años. Para algunos, esos sentimientos están acompañados por un deje de frustración política, pues gran parte de las víctimas pertenecían a las disidencias políticas del momento, en especial, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica (UP). Hace siete años elCentro Nacional de Memoria Histórica lanzó el informe “Silenciar la Democracia”, en alusión a la gran mordaza impuesta ese 11 de noviembre y a las 200 personas asesinadas selectivamente entre 1982 y 1997 en esta región. Sin contar con las otras 14 masacres que ocurrieron en la zona y que dejaron 147 víctimas fatales. No todas eran de la UP, también hubo del Partido Conservador, del Liberal, de las juntas cívicas y de las juntas sindicales.

La masacre de Segovia del 88 es la más conocida por la opinión pública por lo que implicó en términos de terror y sevicia, y porque casi cada familia del pueblo tiene una historia que contar sobre ella. Pero algunos de los asistentes al acto conmemorativo en Medellín hablaron más de lo ocurrido a mediados de los noventa, cuando un comando paramilitar perpetró un alto número de asesinatos colectivos. Fue ahí -recuerdan- cuando colapsaron las relaciones comunitarias, y el miedo a pensar y hablar de una manera diferente se apoderó de la gente. Fueron asesinados líderes campesinos, autoridades locales, exalcaldes, exconcejales, profesores y miembros de la Fuerza Pública. A veces, dichas muertes eran precedidas de secuestro o desapariciones forzadas. Aún no se sabe el paradero de algunos de ellos. Aunque los actores y la forma de la guerra han cambiado después de 1998, esta se ha perpetuado hasta hoy, a tal punto que varios de los asistentes también hicieron memoria de familiares asesinados hace tan sólo cinco o seis meses.

30 anos masacre segovia2“Como ciudadanos debemos trabajar por la verdad y la justicia. Si no lo hacemos, nos convertimos en cómplices de nuestra historia”, afirmó el cura durante la misa de conmemoración. - Fotografía: Laura Cerón/CNMH

El fin de semana del 11 y 12 de noviembre, también se realizaron conmemoraciones en Segovia, lideradas por otras dos organizaciones de víctimas: la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño Cahucopana (Cahucopana), y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar; quienes estuvieron acompañados por organizaciones campesinas de la región, organismos internacionales y la Alcaldía del municipio.

Además de un acto solemne en la plaza central, hubo un recorrido por las calles y lugares donde hace treinta años fueron asesinadas las 46 personas (desde el barrio La Madre hasta la plaza central). La marcha fue acompañada por familiares de víctimas, miembros de las organizaciones civiles, funcionarios locales, dos bandas marciales y estudiantes de colegio, quienes se unieron –durante las dos horas que duró el recorrido- para hacer memoria colectiva de un hecho que no debió ocurrir.

Carlos Morales, líder de Cahucopana, hizo énfasis, especialmente, en las exigencias de justicia y las garantías de no repetición. “Para hablar de justicia, hay que empezar por conocer toda la verdad”, dijo en la plaza. Según las investigaciones judiciales, la violencia política del nordeste estuvo protagonizada por redes criminales articuladas por miembros activos de la Fuerza Pública que operaban en la región, unidos a civiles y grupos paramilitares. Por la masacre de Segovia de 1988 hay condenas contra paramilitares, militares y un político.

30 anos masacre segovia3La esperanza que existe entre los segovianos es que exista una nueva generación que reivindique la dignidad y la vida. - Fotografía: Laura Cerón/CNMH   

Pero no es suficiente. Por eso, representantes de la Comisión de la Verdad y de la Justicia Espacial para la Paz (JEP) fueron invitados a Segovia para que acompañaran la conmemoración. Allí se sentaron en la plaza central a escuchar a las víctimas que quisieron compartir su testimonio. “El genocidio contra la UP es un caso que está en la JEP, cuyo reto es poder contar a la sociedad y a las víctimas qué fue lo que pasó y poder establecer los máximos responsables”, dijo Reinere de los Ángeles Jaramillo, magistrada del Tribunal de paz de la JEP.

A dicha frase tal vez habría que agregarle la necesidad porque Segovia vuelva a ser un lugar digno para vivir en paz, y donde pensar diferente no se convierta jamás en un pretexto para que llegue la muerte.

Listado personas asesinadas el 11 de noviembre de 1988

Pablo Emilio Gómez Chaverra
31 años, minero, simpatizante de la UP, esposo de María del Carmen Idárraga

Shirley Cataño Patiño
11 años, estudiante

María del Carmen Idárraga de Gómez
33 años, ama de casa, simpatizante de la UP

Jorge Luis Puerta Londoño
41 años, secretario del Juzgado de Instrucción Criminal de Segovia

Carlos Enrique Restrepo Pérez
77 años, minero pensionado de la Frontino Gold Mines, simpatizante del Partido Liberal, padre de Carlos
Enrique y Gildardo Antonio Restrepo

Libardo Antonio Cataño Atehortua
Minero

Carlos Enrique Restrepo Cadavid
26 años, carnicero, simpatizante del Partido Liberal

Luz Evidelia Orozco Saldarriaga
20 años, mesera

Gildardo Antonio Restrepo Cadavid
35 años, minero, simpatizante del Partido Liberal

Rosa Angélica Masso Arango
20 años, mesera

Luis Eduardo Sierra
41 años, mecánico, transportador, militante de la UP, cuñado de Jesús García

Jesús Antonio Benítez
34 años, minero

Jesús Antonio García Quintero
41 años, minero

Pablo Emilio Idárraga Osorio
31 años, minero

Luis Eduardo Hincapié
40 años, cotero, simpatizante de la UP

Roberto Antonio Marín Osorio
34 años, empleado de la Frontino Gold Mines, simpatizante de la UP

Fabio de Jesús Sierra Gómez
38 años, albañil

Luis Adalberto Lozano Ruíz
45 años, tendero

Diana María Vélez Barrientos
21 años, ama de casa

Guillermo Darío Osorio Escudero
52 años, minero pensionado de la Frontino Gold Mines, arrendador de caballos, simpatizante de la UP

Olga Lucía Agudelo de Barrientos
42 años, ama de casa

María Soledad Patiño
Ama de casa

Luis Ángel de Jesús Moreno San Martín
16 años, minero

Juan de Dios Palacio Múnera
Minero

Henry Albeiro Castrillón
21 años, cotero, tío de Francisco William Gómez

Jesús María David
Minero

Francisco William Gómez Monsalve
10 años, estudiante

NN masculino
31 años, indigente

Jesús Eduardo Hernández Sierra
Minero

NN masculino
30 años, indigente

María Dolly Bustamante
23 años, ama de casa

Robinson de Jesús Mejía Arenas
31 años, albañil, vendedor de rifas

José Danilo Amariles Ceballos
26 años, minero

Julio Martin Flórez Ortiz
26 años, minero

Jairo Alfonso Gil
Minero

Regina del Socorro Muñoz de Mestre
34 años, empleada de la Frontino Gold Mines

Jairo de Jesús Rodríguez Pardo
46 años, conductor empleado del Municipio de Segovia

José Abelardo Osorio Betancur
46 años, minero

Jesús Emilio Calle Guerra
39 años, despachador de vehículos de servicio público, simpatizante de la UP

Oscar de Jesús Agudelo López
49 años, minero

Guillermo de Jesús Areiza Arcila
32 años, minero

Jesús Orlando Vásquez Zapata
26 años, minero

Fabio Arnoldo Jaramillo Fernández
52 años, minero

Jesús Avalo
28 años, transportador

Jesús Aníbal Gómez García
41 años, minero

Erika Milena Marulanda
15 años, estudiante

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portada madres soacha ocanaPara conmemorar los 10 años de la desaparición y muerte de sus hijos, las madres de Soacha recorrieron 640 kilómetros desde Soacha hasta Ocaña, el lugar en el que la mayoría de ellos fueron presentados como “guerrilleros muertos en combate”. Muchas de ellas viajaron con un objeto que representa a su ser querido. 

Texto y fotografías: Laura Cerón, periodista CNMH 

Hace 10 años, la desaparición y posterior muerte de sus hijos, hermanos y esposos unió a las mujeres que hoy conforman la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Suacha y Bogotá (Mafapo). La mayoría de ellas eran mujeres cabeza de hogar que vivían en barrios apartados y en zonas rurales, dedicadas a cuidar y sacar adelante a sus familias. Pero la necesidad de verdad y justicia, tras las ejecuciones extrajudiciales de 19 jóvenes, ocurridas entre enero y agosto del año 2008, las llevó a unirse.

Los “falsos positivos” no solo sacaron a la luz pública una práctica perversa y sistemática del Ejército Nacional que hacía pasar a civiles por guerrilleros caídos en combate para luego reclamar incentivos. También le enseñó al país que, en muchas ocasiones, detrás de cada víctima hay una madre, una hermana, un familiar, dispuesto a hacer hasta lo imposible por conocer la verdad y dejar en limpio el nombre de su ser querido.

El pasado 16 de octubre las mujeres de Mafapo recorrieron 640 kilómetros en bus, desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña (Norte de Santander), para conmemorar las vidas de los jóvenes que fueron encontrados sin vida en cementerios y fosas comunes de ese municipio. Pero, sobre todo, para dar la cara y nuevamente volver a hablar de lo sucedido.

madres soacha ocana1Varias de las madres de Mafapo visitaron el cementerio central de Ocaña, donde hicieron una oración por sus hijos desaparecidos y asesinados por miembros del Ejército. Allí, como acto simbólico, adoptaron a algunos cuerpos sin identificar (NN). - Fotografía: Laura Cerón/CNMH

La lucha de las mujeres de Mafapo se ha construido desde la pérdida y la ausencia. En septiembre del 2008, muchas de ellas empezaron a reunirse en la plaza central de Soacha impulsadas por Fernando Escobar, en ese entonces personero de ese municipio y una de las primeras personas que denunció la existencia de los “falsos positivos”. Él las animó a unirse y les aconsejó buscar abogados dada la complejidad de los casos. Para ese momento varias de ellas, después de una búsqueda exhaustiva, habían sido notificadas de que sus hijos y familiares estaban registrados como guerrilleros abatidos en lugares del país que ni ellas ni ellos conocían.

“¿Cómo podían volverse guerrilleros y enfrentarse en un combate contra el Ejército en tan pocas horas? ¿Cómo era posible que hubieran llegado a esas zonas tan lejanas? ¿Quién se los había llevado del barrio para dejarlos frente a un pelotón de fusilamiento, que los condenó y los ejecutó sin razón? ¿Por qué él, si nada tenía que ver con esa guerra? ¿Quién había dado la orden de matarlo y para qué?”, se preguntan ellas en el último informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado mes de septiembre.

Son 10 años en los que han tenido que enfrentarse a un sistema judicial que dilata las investigaciones de sus casos. Ellas dicen que la gran mayoría de las audiencias han sido canceladas, con excusas que vienen de los mismos abogados de los militares: que no hay internet, que en la salas hace frío, que los sindicados están enfermos o que hay problemas logísticos. Por eso, ahora proponen que las investigaciones no sean individuales sino que sea un proceso conjunto.

El pasado 17 de octubre, el general retirado Mario Montoya firmó un acta de sometimiento voluntario a la JEP, por su presunta vinculación con los “falsos positivos”. Sin embargo, como reportó el periódico El Espectador, a pesar de tener un informe judicial en el que se reportan anomalías en 2.429 casos de asesinatos de civiles para inflar las cifras de la guerra, Montoya negó su participación en estos hechos. Esa reacción, llevó a varias de las víctimas a retirarse de la audiencia, tras afirmar que no tenían garantías de participación. “No respetaron a las víctimas. El general tiene que aceptar esa verdad, que eso lo hizo él”, afirmó Ana Páez, integrante de Mafapo.

Mientras tanto, las mujeres de Mafapo llevan diez años cargando con la estigmatización hacia sus hijos y sus familias. Ellas son madres de “guerrilleros”, les repiten, y con ese argumento les han negado, por ejemplo, firmar contratos de arrendamiento. Desde el día en que alzaron la voz para denunciar la muerte de sus hijos, han tenido que soportar amenazas a través panfletos y seguimientos.

El camino transitado las ha llevado a formar una segunda familia, que ha sabido mantenerse junta en los momentos de dolor, resistir ante las adversidades y las ha convertido en grandes lideresas. Juntas han hecho plantones y actos públicos en los que se han encadenado, han tejido durante años la memoria de sus hijos en telares; han trabajado de la mano de artistas y estudiantes, para darle otros significados al dolor y a la búsqueda de verdad; han hecho murales, obras de teatro, exposiciones artísticas, fotografías y documentales. También han trabajado junto a las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, quienes a su vez se han solidarizado con su causa, que es la de miles de personas en el continente.

Para las mujeres de Mafapo volver a Ocaña, en el décimo aniversario del asesinato de sus seres queridos, tenía un valor especial. Hacer el recorrido que varios de sus hijos y hermanos hicieron, siguiendo falsas promesas de trabajo, fue doloroso pero les permitió reafirmar que, a pesar de los obstáculos, siguen vivas y unidas por la verdad.

Durante la conmemoración se tomaron la plaza central de Ocaña. Allí, en compañía del gobierno local, instituciones educativas, organizaciones sociales, activistas, artistas y estudiantes, las madres ofrecieron sus testimonios y exigencias frente a cada uno de sus casos. Las acompañaron artistas con música y palabras de fortaleza. A ellas se unieron otros hombres y mujeres que también fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Meta, en La Guajira y en Norte de Santander, pues según una investigación del coronel retirado Omar Rojas, titulada “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, publicada por la Universidad Santo Tomás, en todo el país se habrían presentado unos 10 mil casos de “falsos positivos”.

En medio de un grupo de gente que las escuchaba en silencio en la plaza central de Ocaña, varias de las madres hicieron una obra de teatro en la que buscaban, una vez más, a cada uno de sus hijos. “¿Diego? ¿Eduardo? ¿Julián? ¿Dónde estás? ¿Alguno de ustedes ha visto a mi muchacho?”, gritaban mientras deambulaban entre los espectadores.

Algunas de ellas cargaron hasta Ocaña objetos de sus seres queridos, que les dieron valor y fortaleza durante estos años. Hablamos con ellas para conocer las historias que hay detrás de esos objetos:

La Pantera Rosa de Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez

madres soacha ocana2Fotografía: Laura Cerón/CNMH

“A mi hijo le encantaba la Pantera Rosa. Como yo hacía peluches hice uno de la Pantera Rosa y a mi hijo le gustó tanto que se lo regalé. Él decía que era su hija, así que ahora es como mi nieta. Cuando él ya no estaba me puse a ver sus recuerdos y me encontré con su hija. Yo la cuidé, la lavé, le cambiaba sus ojitos. Los últimos se cristalizaron y se rompieron. Cuando yo lo fui a sepultar, él no tenía sus ojitos. Después de las 72 horas le quitaron sus órganos, pero nosotros en 72 horas no tuvimos el derecho de poner el denuncio. Así que la dejé así en protesta de que Medicina Legal le quitó los órganos sin derecho. Pero acá están estampados sus ojos y se los pongo al peluche”.

El tatuaje de Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales Tejada

madres soacha ocana3Fotografía: Laura Cerón/CNMH

“Mientras viajabamos traía unas sensaciones pensando en cómo sería cuando se llevaron a Oscar. A él se lo llevaron a El Copey, Cesar, y allá está enterrado. Para mí, haberme tatuado su rostro es muy significativo porque sigo esperando encontrarlo. Estoy en esa búsqueda desde hace siete años. El dolor del tatuaje sacó el dolor que estaba más profundo. Terminamos después de cinco horas y, desde entonces, le hablo, lo acaricio, me baño con él. Le digo que siempre lo llevo en el corazón, que lo vamos a lograr”.

La camiseta de fútbol de Clara Rincón, madre de Edward Benjamín Rincón Méndez

madres soacha ocana4Fotografía: Laura Cerón/CNMH

“Esta blusa que traigo es de mi hijo. Desde que empezó a estudiar le gustaba ser arquero, hacía escorpiones como Higuita y se quedó así desde el colegio y en la universidad. Él era mi amigo, mi cómplice, mi confidente. Me lo arrebataron y queremos que conozcan que eran unos niños sanos, humildes, de buenos hogares. Yo lo que pido es justicia, verdad y no repetición”.

El tatuaje de Blanca Monroy madre de Julián Oviedo Monroy

madres soacha ocana5Fotografía: Laura Cerón/CNMH

“Él llegó de Bogotá, aquí, a este parque, a las 9 de la noche. Lo recogió el señor Alexander Carretero. Lo acusaron de venir a sembrar minas quiebrapatas. Hoy Julián está cumpliendo 29 años de haber venido a este mundo. A las 7 de la noche nació, sin saber que a los 19 años, a la misma hora, saldría de su casa a encontrarse con la muerte. Son 10 años de dolor, 10 años donde nunca, nunca, vamos a olvidar a nuestros hijos. Mi hijo no era un guerrillero. Este tatuaje es por el signo libra. Mi hijo lo llevaba más grande en el brazo, era su signo del zodiaco. Cuando me convencieron decidí hacerme el mismo con la palabra ‘Justicia’”.

El cofre de Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez

madres soacha ocana6Fotografía: Laura Cerón/CNMH

“Este cofre es una conmemoración. Acá están sus guantes de la moto, la foto de su apartamento como lo tenía en navidad y es un recuerdo como si hoy me hubieran entregado sus cenizas. Lo hice en cuatro meses para hacer de cuenta que hoy me llevo a mi hijo de acá. Para recordarlo y limpiar su nombre. Venir significa recuerdos, amor, lucha. Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo, él no era guerrillero. Ya le faltaba poco para graduarse de abogado. Dejó tres hijos. Venir es un sacrificio para que mis nietos vean que su abuelita luchó por su hijo, que su papá no era guerrillero. Él era servicial, era buen hijo. Él era el que me llevaba a todo lado y mire ahora a dónde me trae a pasear”.

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Los seres queridos de los representantes, secuestrados en el 2002 y asesinados cinco años después por las FARC, realizaron el acto simbólico este viernes 26 de octubre en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta investigación será presentada a la opinión pública el 10 de noviembre en Cali y el 23 del mismo mes en Bogotá.

El libro “El caso de la asamblea del valle: tragedia y reconciliación”, es el primer ejercicio de memoria histórica que realizan los familiares de los diputados del Valle secuestrados el 11 de abril del 2002 por la guerrilla de las FARC. Este viernes 26 de octubre, en medio de una audiencia pública sobre secuestro político citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los familiares de las víctimas le entregaron a los magistrados este informe realizado de la mano de investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Este libro es una reconstrucción íntima de las vidas de los once diputados asesinados en cautiverio en el 2007 (Alberto Quintero, Carlos Alberto Barragán, Carlos Alberto Charry, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Héctor Fabio Arizmendi, Jairo Javier Hoyos, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry y Rufino Varela), del único sobreviviente de este hecho (Sigifredo López), y de las otras tres personas que murieron el día del secuestro: el conductor Walter Hayder López López y el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval Muñoz, de RCN, quienes estaban cubriendo lo sucedido; y el subintendente Carlos Alberto Cendales.

Aquí compartimos el prefacio del libro, escrito por el director del CNMH, Gonzalo Sánchez, y los invitamos al lanzamiento oficial que se realizará los días 10 y 23 de noviembre en Cali y Bogotá, respectivamente:

“El caso de los 12 diputados del Valle, secuestrados por las FARC con ardides, mientras sesionaban en la sede de la Asamblea Departamental, el 11 de abril de 2002, es un símbolo trágico de la crueldad y del envilecimiento de nuestro conflicto armado. La paz firmada con esta guerrilla, y la institucionalidad creada para que los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición relacionados con sus acciones arrojen resultados, ayudarán sin duda a esclarecer lo que falta por saber sobre este hecho atroz, así como a juzgar a los responsables. Será el camino hacia la no repetición y la reconciliación por las que apuestan los propios familiares de las víctimas que dejaron aquí su testimonio.

El informe contribuye al esclarecimiento sobre la manera como fue planeado y ejecutado el secuestro con varios meses de anticipación, sin que las autoridades hubieran tomado en serio los fundados temores sobre su inminencia; señala los comandos responsables a cargo de la operación y el modo de accionar de la guerrilla alrededor del secuestro; también ofrece una testificación directa de la marcha forzada por los Farallones de Cali primero y luego la larga travesía a la que fueron sometidos los diputados por la selva, las montañas, los pantanos y los páramos de la región del suroccidente del país; del largo cautiverio padecido; de las enfermedades, el hambre y las múltiples penurias; de las condiciones inhumanas de cualquier secuestro, que obliga a la víctima a poner su vida entre paréntesis y a luchar por conservarla recurriendo a una fuerza física y emocional que no sabía que era capaz de gestionar.

Este informe arroja luz sobre algunas de las zonas oscuras que quedan alrededor de la modalidad de secuestro político; del secuestro en general como práctica degradante de la guerra; hace que nos planteemos las preguntas que quedan pendientes por resolver. Pero, sobre todo, consideramos que este informe logra el propósito fundamental para el que fue elaborado: dignificar a todas las víctimas directas e indirectas de este hecho atroz: al subintendente Cendales quien custodiaba el edificio, asesinado a sangre fría por los secuestradores en medio de la operación guerrillera; al conductor y al camarógrafo de RCN quienes murieron mientras, en ejercicio de su profesión, cubrían la noticia de la fuga de los guerrilleros, en medio de un operativo militar desenfrenado y sin contemplaciones; a los 11 diputados secuestrados, mantenidos en cautiverio durante cinco años e inesperadamente asesinados en un protocolo inhumano de respuesta al fuego que sus captores consideraron erróneamente enemigo; y al único diputado que sobrevivió y fue liberado después de siete años de cautiverio.

Pero también al hijo que va al cementerio a hablar con su padre; a la hija a la cual la guerra le arrebató su infancia; a la madre que esperaba una anunciada liberación del hijo, “pero siempre pasaba algo”; la soledad deliberada del hijo frente a las primeras pruebas de sobrevivencia, con una mezcla de alegría y de tormento interior: “Entonces yo me fui para mi casa y las vi solo. Empezaron a salir uno a uno los diputados. Mi papá creo que salió en la mitad: parecía un cadáver. Cuando lo vi empecé a llorar”. También se registra el momento de las añoranzas: “En música le gustaban los temas Viejo Farol y Lejos de Ti, que eran tangos, y de muy niño, Amor Divino, de Leo Dan”.

Se evoca aquí el difícil reto del encuentro con los jefes guerrilleros en la iglesia de San Francisco, en Cali, después de la firma de los acuerdos: “con nuestras lágrimas de 14 años recogidas en nuestras manos, pedimos a Dios que, a sus asesinos, los comandantes de las FARC, cada que laven su cuerpo recuerden las lágrimas nuestras para que esas lágrimas les sirvan de fuerza al levantarse cada mañana y cumplir su decisión de construir paz”.

Se evidencian los esfuerzos de los propios secuestrados por tranquilizar a los suyos a través de las pruebas de supervivencia: “Todos sus mensajes estaban cargados de amor y sabiduría, llegó hasta dedicarle una canción a mi mamá”. Y en la misma dirección, el padre que motiva a sus hijos: “siempre nos decía era que termináramos la escuela, que nos enfocáramos, que estudiáramos, o sea, él quería que nosotros siguiéramos adelante”.

En suma, por estas páginas circulan escenas de indignación, de afecto, de espera y también de perdón.

De manera previa, el CNMH publicó dos informes sobre el secuestro: Una verdad secuestrada, que elabora una base de datos sobre el secuestro, sus víctimas y la distribución de responsabilidades entre los actores armados ilegales; y Una sociedad secuestrada, que es un informe temático sobre este crimen de lesa humanidad, que es prohibido por el Derecho Internacional Humanitario.

El secuestro, hay que decirlo con claridad, somete a sus víctimas a múltiples formas de violencia continuada, que no solo dura el tiempo del cautiverio, sino que tiene secuelas posteriores a la liberación. Es un crimen atroz, que afecta no solo a los secuestrados sino a todo su núcleo familiar, psicológica y económicamente, razón por la cual los familiares y amigos de las víctimas sienten que también su vida es puesta en cautiverio, entre paréntesis, forzados a permanecer atentos a las pruebas de supervivencia, a enviar mensajes de apoyo que no saben si logran llegar hasta ellos, o incluso a quedar en medio de la presión del Estado y la de los secuestradores.

En ese sentido, el CNMH considera que además de los secuestrados, son muchos los miles de víctimas de este flagelo en nuestro país, con distintos grados de afectación, que van desde la enfermedad, el trauma, e incluso la muerte. Pero, como si esto fuera poco, es un delito que, en nuestro país, ha tenido un desenlace fatal en un alto porcentaje de casos (de las 37.094 víctimas de secuestro entre 1958 y 2018, 1.147 han muerto o han sido asesinados durante su cautiverio, según reporta el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH).

Desde otro ángulo el tema de los liderazgos políticos impactados por el conflicto armado, a través de asesinatos, secuestros y confinamientos, ha sido abordado en nuestro informe Hacer la guerra y matar la política en donde se explora la reflexión no solo de la sustitución de las armas por la política, sino del ejercicio de la vida política misma y en últimas de la democracia como víctimas de la guerra.

Como sello característico, este informe se elaboró con la activa participación de los familiares y amigos o copartidarios cercanos de las víctimas. Ellos dejaron aquí su testimonio, sin mediaciones es su propia voz la que narra quién era cada uno, como padre, esposo, hijo, compañero de vida o amigo, como militante de un partido político y como funcionario, el proyecto de vida, el lazo afectivo o el hogar que quedó trunco.

En este informe consignamos el testimonio del dolor de cada familiar afectado, pero sobre todo su manera de sobreponerse al impacto de los hechos, su resiliencia y resistencia constantes, su lucha por elevar su caso a asunto de Gobierno y de sociedad a fin de lograr un acuerdo humanitario que mantuviera viva la esperanza de su liberación, los sueños imposibles de fuga, las movilizaciones ciudadanas, el cara a cara con los perpetradores, y por último, como ya se dijo, su invitación sufrida y generosa a la reconciliación para frenar la tentación a las venganzas sin fin. Todo ello sin eludir el reclamo interpelante de uno de los secuestrados: “A veces pienso que no sé quiénes son más infames, si los que nos secuestran o los que nos olvidan”. Si el secuestro pretendió separarlos, aislarlos de nosotros, que la memoria nos vuelva acercar a ellos, ese es nuestro compromiso.

No solo estigmatizamos a las víctimas anónimas, a los civiles de las regiones apartadas del país. Cuando la violencia se cierne sobre alguien, se levanta el dedo acusador: “por algo sería”. Por eso, en el CNMH no hemos cejado en nuestro empeño de luchar contra la estigmatización prejuiciosa de una buena parte de la sociedad, cuando no indiferente y ajena al dolor de los otros.

Por ello, dignificar a cada una de las víctimas de este secuestro masivo, así como a sus familiares, sigue siendo una tarea pendiente. Confiamos en que este informe ayude a llenar algunos de los tantos vacíos que dejó el secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental del Valle, aunque en estricto sentido no haya manera de llenar el abismo de soledad e injusticia abierto entre un padre y la hija de dos años que fueron separados para siempre, de un abuelo que no vio nacer a sus nietos, de un compañero que seguirá siendo extrañado, o de la madre o el padre que murieron sin volver a abrazar a los hijos perdidos por la deshumanización de la guerra.

Que estas páginas sean el inicio del reconocimiento estatal y social de una deuda de memoria pendiente con las víctimas fatales de estos hechos y con sus familiares que siguen cargando su dolor y su reclamo de justicia y pleno esclarecimiento.

A ustedes familiares de los diputados, les ofrecemos nuestra solidaridad y un gracias infinito por habernos convertido en depositarios de su palabra. Confiamos en que este libro sea una expresión material de nuestra gratitud, pero también de nuestro deber de dar audiencia y espacio a sus voces”.

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Nos sumamos al llamado de la presidenta de la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, para que se respete la autonomía e independencia de esta institución. Replicamos aquí su pronunciamiento al respecto.

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, rechaza tajante y rotundamente la indebida intromisión de la Fiscalía General de la Nación a su autonomía e independencia judicial:

En el día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz fue notificada por la Fiscalía General de la Nación, a través de un agente de la policía judicial, sobre la orden impartida para practicar una inspección judicial al caso 001 que se adelanta en esta jurisdicción. Igualmente, se notificó a la presidenta de la Sala que lleva el caso que debería responder a una entrevista para que informara sobre el trámite adelantado. Infortunadamente, la inspección judicial se llevó a cabo el día de hoy (4 de octubre) y la Fiscalía obtuvo la copia digital del expediente, en razón de la forma intempestiva como se llevó a cabo la diligencia en la Secretaría Judicial de la JEP.

Esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso. En razón de ello solicito expresamente a la Procuraduría General de la Nación, tomar nota de la situación y adelantar las gestiones que considere pertinentes.

No está de más recordar a la opinión pública que el caso 001 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz trata de los secuestros de las FAR-EP ocurridos durante la confrontación armada en Colombia, y se adelanta con base, precisamente, en los informes enviados por la propia Fiscalía General de la Nación.

La Jurisdicción Especial para la Paz es una institución judicial de rango constitucional con autonomía e independencia judicial encargada de investigar y decidir los casos de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado; y como tal, debe ser respetada y acatada por todos los colombianos, pero especialmente por sus autoridades.

Publicado en Noticias CNMH

portada inauguracion exposicion v3La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), presentan la exposición fotográfica “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”, una apuesta artística y simbólica que hace parte de la construcción del Informe Nacional sobre afectaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado en Colombia.

La exposición estará abierta desde este 12 de octubre, y durante un mes, en la sede la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de una estructura museográfica del círculo de la palabra, diseñada para posibilitar el diálogo, y que evidencia la memoria y dignidad de 37 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado, tal y como lo estableció el Auto A-004 de 2009 de la Corte Constitucional.

Precisamente la JEP, en su tarea de avanzar en la defensa y realización de los derechos de las víctimas del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, recientemente recibió por parte de la ONIC el informe de afectaciones individuales y colectivas que han sufrido los pueblos indígenas de Colombia y que exigen verdad, justica, reparación y no repetición.

inauguracion exposicion2Fotográfia: ONIC

La exposición, que ahora se presenta, retrata la lucha de 37 comunidades:  Wiwa, Kankuamo, Iku-Arhuaco, Kogui, Wayuú, Ebera-Katío, Ebera-Dobidá, Ebera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, U’wa, Ette Ennaka- Chimila, Yukpa, Gunadule-Kuna, Eperara-Siapidaara, Misak-Guambiano, Zenú, Yanacuna, Kokonuko, Totoró, Murui Muina-Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva, Jiw, Hitnu- Makaguan, Bari y Kisgo.

Asimismo, la exposición está acompañada de testimonios y relatos recogidos en los planes de salvaguarda étnica que junto a las fotografías reflejan la vida, la felicidad, las luchas, la riqueza y la importancia del territorio y la cultura indígena en Colombia. Según la ONIC, la instalación denuncia el etnocidio sistemático hacia los indígenas.

Sean bienvenidos a un espacio pensado para interactuar, comprender la importancia de los mundos indígenas, sus aportes a la construcción de paz y sus luchas milenarias para mantener el equilibrio y armonía de la Madre Tierra.

Principios de unidad, territorio, cultura y autonomía se hacen palpables en cada una de las piezas expuestas la estructura museográfica del círculo de la palabra.

Acompañemos a los pueblos indígenas, rodeemos sus luchas este próximo viernes 12 de octubre en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena.

Para mayor información:

Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Primer piso de la Jurisdicción Especial
Dirección: Carrera 7 #63 - 44. Bogotá, Colombia.
* La exposición estará abierta al público por un mes.

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La Jurisdicción Especial para la Paz ofreció un repositorio seguro para custodiar una copia de seguridad del Archivo Virtual de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que contiene información sobre comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y LGBT.

Temístocle Machado (asesinado el 27 de enero pasado en Buenaventura), Narcilo Rosero (Buenaventura), Manuel Bedoya (Buenaventura) y Jesús María Pérez (Sucre), son algunos de los líderes que donaron sus archivos al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para que este los procesara, digitalizara y pusiera al servicio. Sus documentos y los de algunas organizaciones sociales, disponibles en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos (www.archivodelosddhh.gov.co), ahora también estarán protegidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El pasado 31 de julio su presidenta, Patricia Linares, ofreció al director del CNMH, Gonzalo Sánchez, resguardar una copia de seguridad, como repositorio de protección y conservación de toda la información del CNMH. “Este ofrecimiento les dará más garantías a los custodios que nos han donado sus documentos”, explicó Margoth Guerrero, directora de Archivo Virtual.  

Este ofrecimiento se suma al convenio de intercambio seguro y confidencial de información que las dos instituciones contrajeron en días pasados, y en el marco del cual el Centro Nacional de Memoria Histórica está proporcionando información seleccionada y organizada acorde a las investigaciones que está desarrollando la JEP. Como parte de este convenio ya se compartió una copia de los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, la mayor base de datos del conflicto armado colombiano, que registró 262.197 muertes entre 1958 y julio del 2018.

“No arrancamos de cero”

En el Archivo Virtual del CNMH están resguardados 89 fondos documentales, conformados por 344.345 documentos que ya fueron procesados y descritos. De estos, 274.896 están disponibles para el público, teniendo en cuenta que algunas de las personas y organizaciones que donaron los documentos pidieron que se mantuvieran reservas para su consulta. Entre estos documentos se encuentran noticias de prensa, cartas, manuscritos, audiovisuales y copias de expedientes judiciales.

Roberto Carlos Vidal López, magistrado del Tribunal de Paz de la JEP, explica que “nosotros no arrancamos de cero, no empezamos ahorita a conseguir archivos o a conseguir investigaciones, no es el momento del comienzo; nosotros nos unimos al trabajo del Centro de Memoria Histórica y de otros organismos del Estado y de la sociedad civil que han trabajado por años”.

Si bien los líderes y organizaciones tienen a su disposición los documentos originales, y el CNMH solo tiene una copia fidedigna de sus archivos, ahora también la JEP resguardará estos documentos. Su objetivo es protegerlos, de acuerdo con los protocolos de confidencialidad y las condiciones en las que las organizaciones los compartieron con el Archivo Virtual.

Entre los documentos hay información relacionada, entre otras, con comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, LGBT, palenque, raizal y Rrom.

Estas acciones de trabajo conjunto se suman a las ochenta investigaciones que el CNMH ha desarrollado desde el 2011, y que también puso a disposición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Según la magistrada de la JEP María del Pilar Valencia García, esta articulación con el CNMH les permitirá “definir los contextos, y entender los patrones de macrocriminalidad y los impactos y daños que sufrieron las víctimas, que son fundamentales para tener un marco de contrastación de la información. Consideramos que el trabajo del CNMH es muy profesional, muy serio, muy riguroso y nos da mucha confiabilidad”.

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