• El Movimiento Ríos Vivos Antioquia se reunirá en Ituango para la conmemoración “Cañoneros y cañoneras contra el olvido”, donde exigirán que se acelere la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios afectados por el proyecto de Hidroituango.
  • Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, desde 1958 hasta la fecha se presentaron 110 masacres y 2.435 personas desaparecidas en los 19 municipios afectados por Hidroituango.
  • Las comunidades denuncian que, tras el llenado del embalse, el río Cauca cubrió lugares donde podrían estar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas.

La memoria de los 19 municipios afectados por las obras, inundaciones y crecientes súbitas generadas por Hidroituango, en Antioquia, está en riesgo. Desde abril pasado, una creciente del río Cauca generó una emergencia ambiental y humanitaria que aún no se resuelve. Decenas de personas que vivían en las riveras tuvieron que abandonar sus casas, y se ordenó el llenado del embalse de manera urgente. Esto profundizó una problemática que desde el 2011 venía denunciando el Movimiento Ríos Vivos Antioquia: bajo el agua quedaron fosas comunes y sitios de enterramiento, en donde podrían estar los cuerpos de cientos de desaparecidos del conflicto armado colombiano.

Los días 1 y 2 de noviembre, los miembros de Ríos Vivos Antioquia se reunirán en Ituango para conmemorar su lucha y seguir exigiendo los derechos que, insisten, les están vulnerando con la construcción de este megaproyecto. Harán un llamado a la defensa de la vida, porque este año han asesinado a dos de sus miembros: Luis Alberto Torres y  Hugo Albeiro George Pérez y otros han recibido amenazados; a la tierra, porque muchos se tuvieron que desplazar por la construcción de la megaobra; al trabajo, porque algunos han tenido que dejar la pesca y el barequeo; a la cultura, porque aseguran que se perdió la relación ancestral con el bosque y el río; a la libertad de asociación y a la expresión, porque dicen que han sido estigmatizados, señalados y discriminados; y a la verdad, porque insisten en que la construcción de la represa obstruye la posibilidad de exhumnar los cuerpos y las investigaciones de la Fiscalía van muy despacio.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 se presentaron 110 masacres y 2.435 personas desaparecidas en los municipios de la zona de influencia de Hidroituango, entre ellos: Santafe de Antioquia, Liborina, Olaya, Buriticá, Sabanalarga, Peque, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Briceño, Caucasia y Nechí, en Antioquia. Un gran número de esas víctimas, fueron arrojadas en el cañón del río Cauca en medio de las confrontaciones entre los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, los bloques Mineros y Metro de los paramilitares, el Ejército y la Policía.

En enero de este año, una comisión de abogados, activistas y representantes de organizaciones sociales, recorrió el territorio y advirtió que allí existían fosas comunes con los cuerpos de personas sin identificar y víctimas de desaparición forzada. Llenar la represa, explicaron los integrantes de la misión conformada por el Movimiento Ríos Vivos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, causaría “la pérdida irremediable de los cuerpos de las víctimas que se presume que se encuentran en el cauce, la ribera y zonas aledañas al río”. Pero esas advertencias no fueron atendidas y la tragedia de abril aceleró el llenado del embalse.

Durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en mayo pasado, la Fiscalía aseguró que se encontraba investigando 502 casos de desaparición forzada en esta zona (de los cuales apenas tres estaban en etapa de juicio) y señaló, además, que se habían exhumado 159 cuerpos e identificado 85. Pero, según el Movimiento Ríos Vivos, este esfuerzo es mínimo frente al trabajo que queda por hacerse con las víctimas. Por eso, por todos los medios siguen exigiendo que avancen las investigaciones y que, de ser necesario, se desocupe el embalse. Su lucha fue reconocida en septiembre con el Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos.

Esta conmemoración, llamada “Cañoneros y cañoneras contra el olvido”, arrancará el jueves 1 de noviembre con un performance en la plaza principal de Ituango y luego llegará al Líbano, junto al río Cauca, donde los participantes pasarán la noche. En ese lugar harán un ritual con barcas y velas, y se reunirán alrededor de una fogata para celebrar actividades culturales con música, poesía y cuentería. Esta, será su manera de celebrar y unir fuerzas para seguir trabajando por la memoria y la vida en su territorio.

Publicado en Noticias CNMH

La cifra es divulgada por el equipo del Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Un dato de estas magnitudes, en tiempos de paz o de guerra, es sin lugar a dudas un registro doloroso. Ninguna ideología puede respaldar, y mucho menos justificar, tanta crueldad. 82.998 familias colombianas sufren la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con sus familiares. ¿Quién se los llevó?, ¿por qué se los llevaron?, ¿por qué tanta indolencia? 82.998 familias se hacen esas preguntas todos los días.   

Este revelador registro, dado a conocer este 22 de febrero por el CNMH, tiene como antecedente la investigación que se publicó en 2016, titulada ‘Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia’, en la que se hace un recuento detallado de este flagelo en el marco del conflicto armado del país desde los años 70 a 2015. Inicialmente en este informe se reseñó, de forma alarmante, que 60.630 personas habían desaparecido forzosamente en los últimos 45 años a raíz de la guerra interna en Colombia.

Sin embargo Andrés Suarez, coordinador del Observatorio del CNMH, explicó que la nueva cifra —los 82.998 casos— “se pudo establecer ampliando el rango de tiempo, ya que en el informe ‘Hasta encontrarlos’ trabajamos un periodo de análisis de los años 70 a 2015. Decidimos que se debía ampliar este rango desde 1958 a noviembre 15 de 2017”. Suárez agregó que: “El trabajo del Observatorio debe estar en coherencia con el informe ¡Basta Ya!, el Observatorio no puede dar datos distintos a los que se están manejando en el Basta Ya desde el 1958”.

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Otra de las razones que explica el coordinador del Observatorio es que “había una fuente que faltó trabajar a profundidad, y eran los testimonios de las víctimas presentados ante el Sistema de Información de Justicia y Paz de la Fiscalía, que se había realizado parcialmente. Pensamos que no iba a existir mucha variación en las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), con la gran sorpresa que no estaban en el RUV”.  Esto permitió hacer un cruce de información, demostrando que los testimonios de las víctimas ante la Fiscalía no habían sido sistematizados.

De igual manera Andrés Suarez señaló que la tendencia general de responsabilidades no cambió con relación a lo expresado en 2016. “Se mantiene con un mayor porcentaje en grupos paramilitares, esto se conserva estable. Se conoce nueva información pero la tendencia se mantiene”.

De aquellos casos con conocimiento del perpetrador, 52% de los casos, la distribución es así: grupos paramilitares: 26.475 (62,3%), guerrillas: 10.360 (24,3%), grupos posdesmovilizacion: 2.764 (6,5%), agentes de Estado: 2.484 (5,8%), agentes de Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9%). Casos sobre los que se tiene información: 42.471.

Suárez explica que los grupos paramilitares, Grupos Armados Posdesmovilizacion y agentes del Estado realizaron acciones conjuntas para cometer desapariciones.  De igual manera se debe entender que ‘guerrillas’ no es igual a FARC. Entre ellas están las FARC que registran 3.606 casos, el ELN con 622 y cerca de 6.000 casos no identifican a la guerrilla específica.

“Estamos muy cerca de llegar al universo completo de víctimas de desaparición forzada, el margen de subregistro se ha reducido muchísimo. Puede haber un subregistro con los actores que aún siguen en armas. Como es el caso de los Grupos Armados Posdesmovilizacion (GAP); que no sepa lo que ellos han hecho porque aún están en el territorio intimidando y amenazando”, aclara Andrés Suarez.

Los casos de desaparición forzada tendrán un lugar especial dentro del proceso de justicia transicional que se adelanta en el país. Como consecuencia del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dirigido por Luz Marina Monzón. Esta entidad tendrá el deber de esclarecer lo que ha pasado con miles de familias que han sufrido este flagelo, que como vemos, sobrepasa cualquier registro visto en el hemisferio.

Más allá de las cifras

La desaparición forzada es, tal vez, una de las prácticas represivas más atroces utilizadas por los actores del conflicto para imponer su control. Por ello el CNMH ha asumido la investigación exhaustiva de este hecho violento a través de seis publicaciones. La primera de ellas fue publicada en 2014, ‘Normas y dimensiones de la desaparición forzada’, que muestra cómo ha evolucionado la legislación nacional e internacional sobre este delito y cómo se ha tipificado. La segunda es de 2014, titulada ‘Huellas y rostros de la desaparición forzada’, una selección de 13 casos emblemáticos, que conforman un testimonio doloroso de la ineficacia del Estado para impedir que este crimen siga en la impunidad.

El tercero, también de 2014, ‘Entre la incertidumbre y el dolor’, es una investigación sobre los impactos sicosociales causados por la desaparición forzada de personas, descritos como una doble tortura: la física, que se imagina impuesta a la víctima directa; y la psicológica, que sufren sus seres queridos. El cuarto, 2014, ‘Balance de la acción del estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas’, analiza los mecanismos actuales que ha creado el Estado para combatir la desaparición, y señala las razones de su ineficacia, y formula algunas recomendaciones para mejorar las unidades existentes de prevención, búsqueda, investigación, asistencia y reparación.

El quinto informe, lanzado en 2015, ‘Textos corporales de la crueldad’, destaca el papel de la antropología forense en la labor de exhumación de 36 cuerpos hallados en la inspección de Puerto Torres del municipio Belén de los Andaquíes en Caquetá.

Y el sexto, de 2016, es ‘Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia’.

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