En el Día de las Manos Rojas, iniciativa mundial contra el reclutamiento forzado de menores, hablamos con el director de la asociación Benposta, quien advierte que este flagelo no es un tema del pasado. Campo señala, además, que “defender la escuela es defender la vida”.

Juan Pablo Esterilla

“La escuela es fundamental para que los niños y niñas no se vinculen a actores armados. Dejar la escuela es el indicador de riesgo más alto para ser víctima de reclutamiento forzado, o para sufrir explotación sexual o laboral”, dice José Luis Campo, director de Benposta: Nación de Muchachos Colombia, una asociación que lleva 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes. “Defender la escuela es defender la vida”, continúa José Luis en esta entrevista que le hicimos a propósito del Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que se celebra este 12 de febrero.

En 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.

Aunque gracias al acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno cientos de niñas, niños y adolescentes dejaron de escribir sus historias de vida en la guerra, hoy el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y organizaciones de derechos humanos, vienen advirtiendo que la guerrilla del ELN es una de las principales amenazas para los menores de edad.

¿Qué explica que un niño, niña o adolescente termine en las filas de un grupo armado?

Quienes terminan haciendo parte de grupos armados son niños, niñas y adolescentes que tienen historias marcadas por la vulneración de derechos. ¿Qué manifiestan ellos? “Nosotros entramos a la guerra no porque quisiéramos, sino porque éramos victimas en nuestras familias y territorios”. Son víctimas de situaciones estructurales: pobreza, inequidad, falta de oportunidades…

Generalmente se cree que el reclutamiento es bajo la fuerza, pero en Colombia suele ser voluntario (por persuasión) y se ejerce casi como un grito de auxilio ante las condiciones de degradación, de abandono. El grupo armado se visualiza, en muchos casos, como un elemento de salvación. Por supuesto, luego los niños, niñas y adolescentes viven en la guerra situaciones que no imaginaban. Se dan cuenta de que se les vulneran sus derechos fundamentales y los obligan a asumir un rol de guerrero que no les corresponde.

En los últimos 15 años ustedes han trabajado por prevenir el reclutamiento forzado, y por construir “redes de entornos protectores”, en regiones como Buenaventura (Valle), Mesetas y Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). En esos lugares, ¿el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad latente para los niños, niñas y adolescentes?

Teníamos la confianza, como miembros de la Coalición contra la violencia de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que participó en la mesa de diálogos (de paz entre el Gobierno y las FARC), de que con la implementación llegaran las condiciones de bienestar que las comunidades de regiones apartadas del país han pedido durante años. En todas esas regiones lamentablemente no se ha dado lo que esperábamos. No hay oferta de salud, de educación, de cultura…

La realidad es que continúa fuerte la oferta de la guerra. Nunca habíamos visto en el Catatumbo, por ejemplo, tanto riesgo de reclutamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solo entendiendo el reclutamiento como el ingreso formal del niño, sino también como su participación en el marco del conflicto bajo el control de un actor armado.

¿Por qué dice eso? ¿Qué está pasando en esos lugares?

Por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el EPL ha desconocido escenarios protegidos. En febrero del año pasado la escuela de Filo Gringo, en el Catatumbo, estuvo entre fuego cruzado. A partir de ahí, con la Diócesis se señalizó el colegio como entorno protector con signos internacionales, banderas blancas. Defender la escuela es defender la vida.

También el año pasado en la comuna 12 de Buenaventura, en medio de una actividad cultural, hubo un enfrentamiento al lado de la escuela. Y la Secretaría de Educación de ese municipio, decretó en noviembre pasado el cierre de todos los colegios públicos por una semana. Es cierto que no hay ataques directos contra las escuelas, pero los contextos que se están dando hacen que haya altas probabilidades de deserción.

Finalmente, hay una dificultad en Teorama y San Calixto, Alto Catatumbo: las minas antipersona. En estas zonas los niños y niñas caminan en muchos casos más de una hora para acudir a la escuela, y para ellos está latente la posibilidad de encontrarse en el camino con grupos armados, o verse afectados por minas.

¿Qué balance puede hacer del programa de inserción social que propuso el acuerdo de paz para niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC?

Ha sido difícil el monitoreo al programa por compromisos de confidencialidad. No obstante, antes de que terminara el mandato de Santos, Paula Gaviria, entonces Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, presentó un informe en el que aseguró que el 80% de los desvinculados ya vivía con sus familias y comunidades. Para mí es problemático que al cabo de tres meses (que era el tiempo que había corrido cuando Gaviria hizo este anuncio) los niños, niñas y adolescentes ya hubieran dejado los centros transitorios, pues en muchos casos las condiciones estructurales de sus familias y entornos seguían siendo las mismas que los obligaron a salir. Es una revictimización porque están viviendo de nuevo con elementos expulsores. Generalmente sus familias no forman parte de su proyecto de vida.

Me da la impresión de que el Gobierno está trabajando mucho a través de procesos individuales de apoyo, pero no de acompañamiento integral y colectivo. No hay un acompañamiento fuerte para, por ejemplo, generar ingresos. Y eso afecta su proceso de construcción de proyecto de vida e implica un riesgo altísimo pues, repito, no están haciendo su proceso de inserción social en contextos de paz.

¿Usted cree que hoy existe más consciencia sobre la necesidad de prevenir el reclutamiento forzado?

Hoy en día hay una gran sensibilidad en las regiones sobre el tema de los derechos de niños y niñas. Hay una conciencia de que hay que recuperar la escuela como entorno protector, de que hay disminuir la deserción. Celebro las propuestas de acción colectiva, la construcción de capacidades locales que están haciendo los movimientos sociales en los territorios.

Me preocupa que en los medios de comunicación el tema esté enfocado en la responsabilidad de los comandantes guerrilleros, lo cual se entiende porque este es un delito no indultable. Pero creo que el tema debería discutirse más allá de la búsqueda por la judicialización de los responsables.

Descargue aquí el informe “Una guerra sin edad”.

Publicado en Noticias CNMH

El CNMH hace un llamado para que estos sucesos sean investigados con el mayor rigor posible, se identifique a los responsables y se tomen los correctivos necesarios para que líderes y lideresas de derechos humanos, no se vean sometidos a ninguna clase de intimidación por la labor que realizan.

El pasado domingo 27 de enero Débora Barros Fince, lideresa wayúu víctima de la masacre de Bahía Portete,  denunció un atentado en su contra. Según su relato, sobre las 5:30 de la tarde estaba arribando a pie a su casa cuando su esposo, al ver que el parrillero de una moto que se dirigía a ella llevaba un arma en la mano, le gritó que corriera. Débora aprovechó que un carro se le atravesó a la moto y corrió hacia una casa vecina para protegerse.

En el 2004 los paramilitares asesinaron a seis personas en el corregimiento de Portete (Uribia, La Guajira). Cuatro de ellas eran matronas de la comunidad; incluida la tía de Débora, Rosa Fince. Débora ha sido una destacada lideresa de los indígenas wayúu, se desempeñó como secretaria de Gobierno de La Guajira y ha denunciado reiteradamente hechos de corrupción en el departamento. Su hermana Telemina Barros también es una reconocida promotora y defensora de derechos humanos, y hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas de La Guajira. Las hermanas Barros Fince señalan que desde finales del 2016 no cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Desde entonces, las amenazas e intimidaciones en su contra han aumentado.

Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) hacemos un llamado para que estos sucesos sean investigados con el mayor rigor posible, se identifique a los responsables y se tomen los correctivos necesarios para que líderes y lideresas de derechos humanos, no se vean sometidos a ninguna clase de intimidación por la labor que realizan.

El CNMH reitera que es necesario proteger las vidas y libertades de quienes defienden los derechos de las comunidades, y pide que estos episodios sean atendidos debidamente por las autoridades. Acompañamos a Débora, a su hermana Telemina y a toda su familia.

Publicado en Noticias CNMH

exilio colombianoEl presente informe del CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) hace parte del proyecto de investigación Memorias del exilio colombiano: huellas del conflicto armado más allá de las fronteras. Su propósito es contribuir, desde una perspectiva histórica, al esclarecimiento de las situaciones y experiencias que han afrontado cientos de miles de personas forzadas a salir de Colombia como consecuencia de más de medio siglo de conflicto armado. A través de este informe, el CNMH apuesta por reconocer el exilio como una forma de violencia que ha afectado transversalmente las vidas de personas, grupos y comunidades exiliadas alrededor del mundo, así como a aquellas que han retornado de manera voluntaria o forzada al país.

Publicado en Publicaciones 2018

politicapublicaarchivosddhhLuego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, después de más de cinco décadas de conflicto armado interno, la sociedad colombiana y sus instituciones asisten a un momento histórico que exige la suma de esfuerzos y voluntades para la construcción de una paz estable y duradera.

Tras largos años de guerra, el país se encuentra frente al desafío de consolidar un ambiente social y unas instituciones públicas que garanticen el tránsito hacia nuevos tiempos en la historia nacional, en los que la violencia sea desterrada como método para el tratamiento de los conflictos, la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos y en los que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario sean reconocidas plenamente en su dignidad.

Publicado en Publicaciones 2017

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